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Lunes 16 de Enero
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CRÓNICAS POLICIALES

Habla el ex fiscal federal acusado de no investigar las torturas en la dictadura

Se trata de Juan Carlos Yannello. Fue imputado y puesto en prisión domiciliaria, pero Casación le concedió la libertad para esperar el juicio oral. Habló con Gustavo Martínez Puga sobre su actuación y sostuvo que nunca recibió una 'denuncia formal' de apremios ilegales.

El ex fiscal federal Juan Carlos Yannello, imputado por presunta inacción en la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en San Juan, fue recientemente liberado de la prisión domiciliaria, por fallo de Casación.

En esas condiciones espera el juicio oral y público. En una entrevista exclusiva con Crónicas Policiales con Gustavo Martínez Puga, se defendió al decir que nunca entró una "denuncia formal" por apremios ilegales. Y sostuvo que hablar de torturas era una estrategia de los imputados de aquella época para defenderse en la indagatoria.

También atribuyó su situación judicial a una orientación "ideológica" de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y del movimiento conocido como "Justicia Legítima", que él definió como "justicia kirchnerista.

"Es una noticia que esperábamos. La Cámara de Casación Penal, en la Sala que me tocó por suerte, está integrada por prestigiosos juristas y teníamos el convencimiento de que iban a fallar en beneficio propio porque por lo menos tienen la consideración de leer la causa y resolver en consecuencia", dijo Yannello.

"El fallo de la Cámara de Casación es muy profundo y muy ilustrativo. Porque resolvió anular la resolución del Tribunal Oral y le ordenó que dictara una nueva resolución dándome la libertad", agregó.

"La pirámide de justicia que han construido en torno de esta causa se ha empezado a desmoronar y pienso que se va a terminar de desmoronar cuando se concrete el juicio", confió.

Y explicó, bajo su punto de vista, cómo ocurrían las cosas en los duros años que vinieron desde el 24 de marzo de 1976 hasta el advenimiento de la democracia en 1983:

"Originalmente la imputación era la omisión de perseguir delincuentes. Así lo calificó la jueza que primero intervino, la Doctora Raval de Mendoza, y después el juez Bento que instruyó la causa. Esa imputación se mantuvo durante dos años. Y por apelación de los fiscales subrogantes que me hicieron la denuncia, la Cámara modificó el criterio e incorporó, yo diría, la totalidad de los delitos ue cometieron los militares aquí en San Juan y de la cual me atribuyen a mí la participación principal en ese delito. Es una atribución desmesurada y absurda, porque el partícipe principal es equivalente al autor. Y sin la contribución del partícipe principal, el delito no se hubiera cometido. Quiere decir que si yo no hubiera estado, los delitos que se cometieron durante la dictadura en San Juan no hubieran existido. Lo que es una atrocidad total".

"No es agradable estar privado de la libertad, porque pienso que es uno de los derechos elementales de todos los ciudadanos. Pero aquí he estado atendido por mi esposa, a la vez que yo he colaborado con ella por la enfermedad que tiene. Y con la ayuda de mis hijos ha sido más tolerable", reconoció.

"He estado durante 43 años en la justicia Federal, 36 años de fiscal. Y lo que yo he hecho antes, durante y después de la dictadura militar siempre fue lo mismo. Esta atribución es absurda, desproporcionada y obedece a toda una medida ideologóica y política bien definida. Porque está desde la cumbre del Ministerio Público, es decir por Gils Carbó y toda una elite de procuradores y fiscales subrogantes. Todo lo que se denomina ¿Justicia Legítima', que en definitiva es justicia kirchnerista", apuntó Yannello.

"Nunca se hizo una denuncia formal de apremios ilegales en virtud de cualquier tipo de aplicación de picanas, esa serie de elementos de tortura", aseguró el ex fiscal federal.

A continuación, dio una particular versión acerca de cómo los detenidos de la época empleaban una supuesta estrategia para desconocer sus declaraciones en sede policial, una vez que iban ante el juez:

"Acá hay que mirar qué ocurría. Los detenidos por la subversión en función de lo que era el código aplicable en aquel momento, prestaban declaración indagatoria ante el juez. La declaración indagatoria es un acto de defensa. Quien es indagado no tiene ninguna obligación de decir la verdad. El monopolio de la investigación lo tenían el juez y la fuerza de seguridad (Policía ó Gendarmería). La persona que estaba detenida era indagada por la Policía por una figura que se llamaba 'declaración espontánea', sin asistencia letrada. Cuando venía el expediente al Juzgado, la primera pregunta que le hacía el juez al responsable era si reconocía el contenido y la firma de la declaración que había prestado ante la Policía. ¿Qué hacían normalmente? Siempre decían 'no, a mí me han hecho firmar con los ojos vendados, me han hecho firmar papeles en blanco, me han hecho firmar sin leer mi declaración, han puesto lo que han querido'. Es decir, ese argumento era una forma de tratar de destruir lo que consignaron. Esa alternativa después, cuando se empiezan a instruir los sumarios por el terrorismo, se cambiaron por las torturas. Entonces todos quienes declaraban cuando les preguntaban si reconocían la declaración, usaban este tipo de argumentación. Ese era un instrumento de negativa para desvirtuar lo que contenía la declaración. Aún cuando posteriormente y luego de instruir el sumario judicial terminaba resultando finalmente verdad lo que decía. Por eso el Juzgado no tomaba ninguna decisión sobre esta pseudo-denuncia de tortura. No se advertía que la persona que se estaba indagando tuviese algún tipo o exteriorizara alguna herida o deficiencia. Por eso el juez le decía: 'si usted quiere denunciar lo que está manifestando, hágalo formalmente. Así asume la responsabilidad de la falsa denuncia. Lo que usted está diciendo ahora no tiene valor'"

"En aquella época los mejores abogados que habían en San Jun eran los que defendían a los supuestos subversivos", concluyó Yannello.
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