JUDICIAL

Reclaman que Pelambres y Pachón se encarguen de sacar los escombros

El fiscal general federal, Francisco Maldonado, pidió que ambas compañías mineras detengan la contaminación, haciendo una millonaria inversión para quitar el basurero clandestino. El pedido debe ser resuelto por el juez Rago Gallo.
jueves, 03 de agosto de 2017 · 08:04
En medio del conflicto judicial desatado por una denuncia contra la minera Los Pelambres de Chile por haber arrojado toneladas de escombros contaminados del lado sanjuanino, el fiscal general federal, Francisco Maldonado, explicó en Crónicas Policiales por Canal 13 San Juan que ha pedido que tanto la minera chilena como la empresa Pachón deben sacar todos los residuos. El funcionario judicial explicó que, de acuerdo a las inspecciones ya hechas en el lugar, se ha comprobado que se ha producido un "derrame ácido” que se desprende de la gran cantidad de rocas que se han depositado durante años del lado argentino.

El fiscal federal Maldonado explicó que ya ha solicitado al juez de la causa que se proceda de inmediato a la extracción de las rocas contaminantes. "Hay un delito y la Justicia debe determinar de inmediato que se cese con el mismo”, aseguró el fiscal. Lo novedoso es que ha pedido que no sólo la minera chilena saque el material, sino que también lo haga la empresa Glencore que tiene a su cargo el proyecto El Pachón, aún cuando los minerales contaminados fueron arrojados en su terreno y fue esta firma la que hizo la denuncia en la Justicia Civil contra Pelambres.

Este pedido se fundamenta en que el fiscal Maldonado asegura que la empresa "no pudo no ver” que se estaba produciendo la contaminación en su terreno. Es más, el funcionario aseguró que la gran montaña de escombros de tres pisos de alto queda en una zona de paso de la empresa Pachón, por eso debieron verla y denunciarlo de inmediato y no esperar años hasta que poner la primera queja formal. Según las primeras estimaciones el trabajo de remoción de toda la montaña de rocas puede demandar un gasto de 230 millones de dólares, un costo que, de cumplirse el pedido del fiscal, deberán afrontar ambas empresas.
 
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