FONDOS BUITRES

A una semana del default, se aleja el acuerdo

Argentina había puesto como condición para negociar con los holdauts que el juez Thomas Griesa restituyera el "stay", es decir, una cautelar para que los bonistas del canje puedan cobrar antes del miércoles próximo sin riesgo de embargo. Pero el magistrado rechazó el planteo argentino y ordenó acelerar la búsqueda de un acuerdo.
miércoles, 23 de julio de 2014 · 07:34
(AMBITO) Thomas Griesa dio ayer su quinta decisión negativa contra la Argentina. Fue al rechazar la posibilidad de rehabilitar el "stay" y permitirle al país cumplir con el pago de los u$s 539 millones que están depositados en el Bank of New York Mellon (BONY); y dejar al Gobierno a sólo seis días de un "default técnico" o "administrado". 

Si algo quedó claro en la audiencia de ayer es que Griesa no dará un solo paso a favor de la Argentina y que sólo le interesa saber cómo el país cumplirá con el pago de los u$s 1.330 millones de decretados por su fallo de octubre de 2012, dinero que actualizado supera hoy los u$s 1.600 millones. La decisión de Griesa de ayer de negarle el "stay" sólo completa una catarata de no menos de 10 decisiones negativas para la Argentina que desde aquella fecha (cuando decidió que la razón la tenían los fondos buitre) fueron acumulándose en sus fallos. Griesa, después de haberle dado la razón a NML Elliott, Olifant, Aurelius, Blue Angel y ACP Master, más otros 13 holdouts de nacionalidad argentina, emitió decisiones negativas para el país entre diciembre de 2012 y ayer que fueron desde el "pari passu" (lo mismo que cobren en Nueva York los tenedores de deuda performance debe ser liquidado a los fondos buitre), la imposibilidad de sumar "amicus curiae" de la Argentina para que le expliquen las implicancias de sus fallos, la negativa a permitir nuevas audiencias para ampliar testigos y en cuatro oportunidades la aplicación del "stay". En este punto el juez fue ayer claro con los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, que representan al país: nunca le permitirá esta alternativa al país, ya que en ningún momento él mismo la admitió. 

Ayer, el juez volvió a apostar además a que haya un acuerdo negociado a partir de las gestiones (por ahora poco edificantes) del "special master " Daniel Pollack, que nuevamente hoy volverá a reunir a las partes en su bufete de Park Avenue; con peores posibilidades de éxito que el viernes 11 cuando organizó el último cruce entre las partes. La orden de Griesa fue terminante: "Las partes deben reunirse hasta que lleguen a un acuerdo". Sobre la posibilidad que éste no llegue a concretarse antes del 30 de julio (cuando la Argentina ingresaría en el tan temido "default técnico"), Griesa sólo declaró ayer que sería una situación "lamentable". 

El juez del segundo distrito de Nueva York les dijo ayer a la Argentina y a los abogados de los fondos buitre, que el tiempo se está acabando para llegar a un trato y evitar una nueva cesación de pagos. "Si no habrá un default y eso es lo peor. Es casi lo peor que puedo anticipar. No quiero que eso pase. La gente saldrá perjudicada con eso", dijo Griesa. Obviamente el juez dejó en claro que el tema lo preocupa, pero que no hará nada para evitar esa situación. 

Jonathan Blackman contestó en un momento de la audiencia de ayer que incluso si hay una negociación continua "simplemente no se puede lograr un acuerdo para fines de mes". El abogado expuso la posición oficial de la Argentina: el país no negociará con los fondos buitre un acuerdo bajo apuro (extorsión se lo llama en Buenos Aires), y sólo firmará un acuerdo con los acreedores cuando se determine la formula para no caer bajo la influencia de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), por la cual el país debe pagarles a los que aceptaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 el mismo dinero de más que se les liquide a los que no entraron en esos canjes. Esta cláusula vence en enero de 2015, con lo cual, de no mediar la aparición de una estrategia para saltar esa obligación, sólo será posible un acuerdo con los acreedores beneficiados por el fallo de Griesa el 2 de enero del próximo año.

Según dijo ayer Griesa, desbloquear ayer el pago de los u$s 539 millones a los tenedores del Discount que venció el 30 de junio mediante un "stay", "no es algo necesario para la negociación del acuerdo", dijo Griesa al rechazar una petición argentina para desbloquear los pagos. 

Blackman contestó en su momento que, a pesar de la urgencia de las negociaciones y de que mañana a las 10.00 hora de Nueva York se ha convocado una nueva reunión con el mediador, "la Argentina es un estado y como tal no puede firmar un contrato". "Tiene que consultar las decisiones que toma, que no son sólo económicas, sino que tienen que ser constitucionales y legales en el país", agregó el representante de la Argentina. 

Griesa, una vez escuchadas las observaciones de Blackman, aseguró que si bien el caso se encuentra en "un momento crucial", "todos esos problemas son susceptibles de ser incluidos en el acuerdo, que no será de un párrafo, sino que será proporcional a la complejidad de los asuntos que trata". El magistrado rechazó el "stay" o medida cautelar porque "va en contra de los derechos de los demandantes", de los que reconoció su derecho a recibir su dinero, a la vez que hizo un llamamiento al país sudamericano a que "reconozca sus obligaciones" y entienda que "una sentencia es una sentencia". Demostrando que realmente está molesto con el país, Griesa dijo en otro momento que "la República Argentina ha actuado como si las sentencias no tuvieran nada que ver con ella". 

El abogado de NML Elliott, el fondo del megamillonario Paul Singer, Robert Cohen, concurrió a la audiencia, acompañado esta vez por Jay Newman, uno de los directivos del fondo buitre, y quien hace 15 días dijo que estaba dispuesto a esperar a la Argentina para cerrar un acuerdo. Luego, el jueves de la semana pasada, el mismo fondo Elliott se presentó ante la Justicia de San Francisco para reclamar eventuales embargos a la petrolera norteamericana Chevron, por ser socia de la compañía renacionalizada YPF en el proyecto de Vaca Muerta.

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