Gobierno dio marcha atrás con el cobro retroactivo del aumento de gas

Luego de conocer la propuesta de la UCR para frenar el tarifazo de gas, el Gobierno dio marcha atrás con el cobro retroactivo en 24 cuotas del aumento reclamado por las energéticas. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó este miércoles que el Gobierno "trabaja" en el planteo de los radicales para que la suba sea afrontada por el Estado y las empresas. El Gobierno "siempre" estuvo abierto a "escuchar alternativas que repercutieran menos sobre el bolsillo de la gente", remarcó al salir esta tarde de una reunión con los presidentes de los distintos bloques políticos del Senado.

Propuesta de la UCR:

Para analizar este tema es necesario recordar que la factura final se conforma por tres componentes: 1. El precio del gas – nominado en dólares-, 2. La tarifa de transporte y 3. La tarifa de distribución. Estas últimas son precios regulados, nominados en pesos y que se actualizan semestralmente por el índice de precios mayoristas (IPIM – INDEC).

Dos veces al año – abril y octubre - se actualizan las tarifas de transporte y distribución y se transfieren a las facturas finales a partir del sistema “pass throught” las variaciones en el precio del gas, durante el semestre anterior y las diferencias acumuladas por variaciones en el tipo de cambio que pudieran haberse acumulado.

En abril de 2018 se actualizó el precio del gas a un valor de USD 4,68, (que respondía al sendero de precio que llevaba el precio del gas residencial a USD 6,80 en octubre 2019), a un tipo de cambio de $ 20,70.

A finales de abril comenzó un proceso de devaluación del peso, que duplicó el tipo de cambio con el cual se calcula el valor de referencia del gas en la tarifa. Esto trajo como consecuencia la acumulación de una deuda entre productores y distribuidoras del orden de los $ 20.000 millones, que debían ser trasladados al valor de la tarifa para el periodo que se inició el 1° de octubre, según indica el marco regulatorio vigente.

La actual gestión en la Secretaria de Energía, viene tomando medidas en el sentido correcto buscando reducir el impacto del aumento del gas y del dólar en el costo de la energía para la comunidad:

• Corrección en el sendero de precios del gas.

• Reducción del precio reconocido por CAMMESA a los productores de gas destinado a usinas que se ubicaba en USD/MMBTU 5,20 y lo regula a partir de la Res. 46/2018 y desde el 1o de agosto a USD 4,20.

• Realización de subasta para contratar el abastecimiento de gas a usinas en verano, este mecanismo permitió reducir más aún el precio (USD3,60 en promedio).

• Implementación de un mecanismo de factura plana, que permitirá distribuir el costo de las facturas del pico del invierno en los meses de menor consumo.

• Cierre del registro de beneficiarios del programa de estímulo a la producción de gas no convencional (ex plan gas) que reduce el costo fiscal de la aplicación del plan.

Aun así, dada la magnitud del monto de la deuda acumulada, la Secretaria de Energía a través de la resolución 20/2018, trasladará esta deuda a los usuarios en 24 cuotas a partir del 1° de enero 2019, y se actualizará según el sistema francés por la tasa pasiva de plazos fijos del Banco Nación.

Las incertidumbres que gobiernan los asuntos globales en estos tiempos, con anuncios de guerras comerciales y súbitas subas de las tasas de interés, ha provocado una imprevisible situación de bloqueo al acceso de los mercados voluntarios de crédito.

En nuestro país, esta incertidumbre se tradujo en volatilidad cambiaria con las imprevisibles e indeseadas consecuencias en muchos sectores productivos. Entre los sectores afectados se encuentra el energético ya que una parte sustancial de la oferta, desde que Argentina perdió el autoabastecimiento energético por la desastrosa política sectorial de la administración anterior, esta originada en proveedores externos.

Si bien esta medida se ajusta al marco regulatorio vigente, es evidente que el estrés social generado por los aumentos en el precio del gas aconseja tomar medidas excepcionales.

- En este sentido aparece como conveniente:

• Volver a poner bajo consideración la aplicación de la Res. 20/2018, evitando la judicialización del tema, que puede suspender los aumentos vigentes desde el 1o de octubre, y que repita un escenario similar al de 2016, con fallo de la CSJN mediante, afectando las metas de reducción de subsidios previstas en el presupuesto 2019.

• Estudiar la suspensión de la aplicación de las Diferencias Diarias (DDA), como medida temporaria y de emergencia mientras dure la actual volatilidad cambiaria.

Bajo esta premisa, y considerando que la suma total adeudada es de $20.000.000.000 de pesos a la fecha, proponemos que, en virtud de la teoría del sacrificio compartido, el 50% de esta suma sea absorbida por las Empresas Productoras de Gas y que la suma restante de $10.000.000.000 sea afrontada por el Gobierno Nacional en calidad de subsidio a los usuarios, incluyendo este ítem en la Presupuesto que se está discutiendo actualmente en el Congreso Nacional. Considerando un tipo de cambio de $38 por cada dólar, esa suma reflejada en dólares asciende a U$D 263.157.895, por lo que manteniendo el plan de 24 cuotas, el Estado Nacional debería abonar aproximadamente U$D 10.965.000 por mes, o buscar una alternativa de financiamiento que sea factible cumplir.

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional aprobó recientemente la reapertura de las exportaciones de gas, posibilitando de esta manera la venta de este producto que en principio las empresas no podrían vender y dado que dichas exportaciones están sujetas a retenciones, ésta medida compensaría parcialmente el costo fiscal de esta medida. Entendemos que además de aliviar el gasto del gas para los usuarios en un momento de alta sensibilidad, sería un muy buen mensaje a la sociedad comunicar que fruto de la mayor producción de gas y de la política que el gobierno está implementando se ha logrado compensar dichas diferencias de cambio con las retenciones a las exportaciones de gas.

Finalmente, para abordar esta situación es necesario que se arbitren medidas que permitan un abordaje sistémico y con impacto equilibrado sobre todos los sectores involucrados, de manera que las derivaciones de cambios en la paridad cambiaria no tengan a los usuarios domiciliarios como únicos pagadores.