Por múltiples causas, los usuarios de celulares entran en conflicto con las empresas, a veces con resultados frustrantes. Pero desde el 5 de marzo, tendrán más chances de salir bien parados. Será al entrar en vigencia un nuevo "Reglamento de Clientes" que el Gobierno aprobó y que reconoce a los consumidores ocho nuevos derechos. El de mayor impacto transforma un aspecto clave de las recargas "virtuales" o con tarjeta, típicas de los masivos planes prepagos. Hoy los saldos comprados se pierden si no se usan en 3, 5, 10 o hasta 30 días, según el monto y las promociones. Ese tiempo al menos se sextuplicará. "El plazo de vigencia de cada carga de crédito no será inferior a 180 días corridos contados a partir de su acreditación", fija la norma, aprobada por la Resolución 733-E/2017 del Ministerio de Modernización de la Nación.

Agrega que eso será "sin excepciones" y que deberán debitarse primero los saldos que venzan antes. Héctor Huici, secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aclaró que el nuevo plazo regirá para las recargas hechas del 5 de marzo en adelante, sin cambiar la duración del saldo cargado antes. Explicó además que el cambio busca "adoptar un estándar normalizado" para que la gente pueda "conocer de antemano la vigencia y la duración de la carga". El funcionario, en una entrevista anterior, ya había adelantado la postura oficial: "Creemos que la duración actual del saldo es insuficiente".

Otra novedad es que, ante cada reclamo de un cliente -ya sea en persona, por teléfono o por Internet-, la empresa estará obligada a darle una "constancia" escrita en papel, por email o por SMS. También deberán permitir que la persona siga online el estado de todas sus gestiones con datos actualizados sobre "el curso seguido y los plazos de respuesta". Si del reclamo surge que hubo un cobro indebido, la empresa ahora deberá devolver la diferencia "más sus intereses, que se calcularán a la misma tasa pactada para los casos en que el cliente incurriere en mora", dice otra parte del reglamento, para asegurar la "reciprocidad en el trato". Además, "para evitar abusos de los prestadores”, los obliga a enviar por escrito en un máximo de tres días hábiles los términos y condiciones.