En un nuevo paso hacia la desregulación del comercio automotor, el Gobierno Nacional autorizó a los particulares a importar vehículos nuevos directamente desde el exterior, sin intermediación de fabricantes o concesionarios oficiales. La medida, formalizada a través de la Resolución 271/2025, publicada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, busca simplificar los trámites y reducir costos para los consumidores.

A partir de ahora, cualquier ciudadano podrá adquirir un vehículo fuera del país y gestionarlo por su cuenta, siempre que cumpla con los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente. El proceso de patentamiento estará habilitado para vehículos que ya cuenten con una Licencia de Configuración de Modelo (LCM) emitida previamente por fabricantes o importadores.

En aquellos casos donde la unidad importada no posea una LCM previa, el interesado podrá tramitar un certificado de seguridad vial directamente ante la Secretaría de Transporte, en un procedimiento similar a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Además, la resolución habilita la validez de certificaciones internacionales, como las otorgadas por organismos reconocidos de la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos o Brasil, lo que amplía el espectro de modelos disponibles para el público argentino.

Flexibilización para autopartes

La apertura del mercado automotor no se limita a los vehículos completos. Con la reciente Resolución 222/2025, el Ejecutivo también eliminó barreras que hasta ahora afectaban a la importación y comercialización de autopartes y componentes de seguridad.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) que otorgaba el INTI. Este requisito, que había sido duramente cuestionado por el sector privado por sus costos y demoras, ya no será necesario para fabricar o importar autopartes.

A partir de ahora, los fabricantes e importadores asumen la responsabilidad directa de cumplir con los estándares de seguridad vigentes, establecidos en el Decreto 196/25. Las certificaciones podrán ser emitidas por una red amplia de laboratorios y entidades internacionales reconocidas, dejando atrás la exclusividad que hasta ahora tenía el INTI.

La supervisión y el control de calidad, en tanto, se realizarán de manera ex post, es decir, una vez que los productos estén disponibles en el mercado, lo que promete acelerar los tiempos sin resignar seguridad.

Un guiño a la apertura económica

Con estas medidas, el Gobierno nacional busca liberar el comercio automotor, reducir trabas burocráticas y favorecer una mayor competencia y disponibilidad de modelos y repuestos en el mercado local. La decisión llega en un contexto de mayor apertura económica, donde distintos sectores productivos comienzan a percibir cambios en las reglas de juego orientados a simplificar el comercio y fomentar la inversión privada.