La provincia de San Juan sigue con atención el avance de los trámites para que proyectos mineros locales sean incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un instrumento clave para atraer capitales que impulsa el Gobierno nacional y que cuenta con un fuerte respaldo político desde la gestión de Marcelo Orrego. Pero existe una negativa de Nación que por ahora los demora pese a haberse presentado hace meses. A diferencia de San Juan, ya existen adhesiones aprobadas para otras provincias.

En ese marco, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, brindó declaraciones en Canal 13, donde destacó que “el proyecto Azules ya fue presentado” y que “Gualcamayo hizo una reformulación de su presentación a partir de algunas observaciones que recibió en su planteo original y está en curso”, al tiempo que expresó optimismo respecto a la resolución del trámite: “Esperamos su aprobación en breve”. Además, Fernández anticipó que otras dos grandes iniciativas mineras, Vicuña y Barrick, también manifestaron su intención de ingresar al régimen, ampliando así el abanico de proyectos que buscan obtener los beneficios fiscales y aduaneros que propone el RIGI.

La situación de Gualcamayo y Los Azules fue uno de los temas más analizados en los últimos días. La demora en la aprobación obedece a un debate técnico y legal sobre el alcance de la normativa. El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, explicó a colegas de Diario Huarpe que uno de los puntos en discusión es si el régimen solo alcanza a proyectos totalmente nuevos o si también pueden incluirse iniciativas orientadas a extender la vida útil de yacimientos ya en explotación, como es el caso de Gualcamayo.

“Hablé con José Rolandi (vicejefe de Gabinete de Milei) y me manifestó que Gualcamayo no es un proyecto nuevo, sino que se busca una extensión de la vida útil, y está en debate si puede integrar el régimen o si es solo para proyectos nuevos. Por eso la demora y el pedido de documentación”, señaló Olivera en aquel medio. El legislador se mostró confiado en que la situación se resolverá positivamente: “Me imagino que es un problema más de papeles que deben cumplimentarse. Debería salir, porque ingresarán nuevos fondos al país”, sostuvo.

En la misma línea, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó el tema de fondo es la interpretación de la ley. “El RIGI, en general, contempla la posibilidad de aplicarse a nuevos proyectos o a la ampliación de la capacidad de producción de proyectos existentes. El debate, en el caso específico de la minería, gira en torno a si la extensión de la vida útil de una mina puede ser considerada como una ampliación de capacidad de producción”, explicó el funcionario según indica Diario Huarpe.

Este enfoque, según el ministro, es fundamental no solo para asegurar la continuidad de la producción, sino también para proteger los puestos de trabajo y prolongar el horizonte económico de las comunidades que dependen de la minería. “Por eso respaldamos este pedido que también hizo CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras, para que se contemple esta interpretación dentro del régimen”, remarcó.

La expectativa ahora está puesta en que Nación destrabe las aprobaciones pendientes y que San Juan logre concretar estas inversiones estratégicas para su economía, mientras otras compañías como Barrick y Vicuña se preparan para también avanzar dentro del esquema del RIGI.