OCA se declaró en concurso preventivo tras ser asfixiada por embargos fiscales que comprometen su funcionamiento operativo y su sostenibilidad financiera. La Justicia Comercial aceptó el pedido presentado por la firma, actualmente gestionada por el empresario logístico Claudio Altermar Jesús Espinoza, quien lidera el grupo NMBV, actual controlador de la compañía.

La histórica empresa postal, fundada en 1957 como Coordinadora Argentina, enfrenta una deuda fiscal superior a los $100.000 millones con ARCA, el organismo recaudador que reemplazó a la AFIP bajo la gestión libertaria, que en los últimos meses aplicó embargos masivos a firmas morosas. Estas acciones dejaron a OCA con severas dificultades operativas, empujando a sus actuales dueños a buscar auxilio judicial.

En un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión: “Se inicia un procedimiento que permitirá reestructurar el pasivo actual, asegurar la continuidad operativa, preservar más de 8.500 fuentes de trabajo directas e indirectas y avanzar en una propuesta que atienda las obligaciones asumidas con sus acreedores���.

Un historial de crisis y propietarios controvertidos

Este es el tercer concurso preventivo que atraviesa la firma en poco más de 20 años. El primero fue en 2002, cuando era parte del Exxel Group. En 2017, ya bajo el mando de Patricio Farcuh, volvió a presentar concurso, lo que culminó en la quiebra de 2019. Posteriormente, los activos fueron adquiridos por el grupo Clear, vinculado a Cristóbal López, y finalmente absorbidos por el actual accionista mayoritario, Espinoza.

OCA arrastra una historia turbulenta en la que figuran personajes como Alfredo Yabrán, Hugo Moyano y Juan Navarro, con frecuentes cambios de control y estrategias fallidas de saneamiento financiero.

En defensa de su gestión, la actual administración aseguró que desde 2023 viene trabajando en el saneamiento operativo y comercial de la firma.

“Hacia mediados de 2024 logramos un superávit operativo”, indicaron. “Sin embargo, el peso acumulado de las obligaciones fiscales y las medidas adoptadas por los entes recaudadores han afectado el capital de trabajo y generado restricciones que hacen inviable la continuidad sin una reestructuración ordenada.”