Capitanich justificó el silencio oficial sobre pobreza

(TÉLAM) El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, explicó que el Indec ha discontinuado la publicación de los índices de pobreza e indigencia debido a "las severas carencias metodológicas y la imposibilidad de empalme con el IPC (Índice de Precios al Consumidor)", lo que impidió su "actualización".

Capitanich advirtió que "cuando se dé a conocer nuevamente el índice de pobreza e indigencia, será porque se habrán resuelto estos problemas metodológicos y de empalme".

Agregó en este contexto que "la canasta básica alimentaria y la canasta total tienen metodologías de cálculo totalmente diferentes", y señaló también que la diferencia en la medición que trajo el IPC, ya que este índice, a diferencia del que estaba vigente, mide todo el país y no sólo Buenos Aires.

Por otro lado, Capitanich consideró que la reforma del código penal "merece un debate amplio, plural y democrático" y destacó la incorporación de sanciones a personas jurídicas como las empresas para "evitar abusos del poder económico".

"El anteproyecto fue elaborado por especialistas calificados y merece este debate amplio plural y democrático con participación de organismos no gubernamentales, universidades y especialistas", dijo Capitanich en su habitual rueda de prensa desde Casa de Gobierno.

Consultado sobre su apreciación en cuanto a la incorporación de penas a delitos provenientes de personas jurídicas, el jefe de Gabinete consideró que "es importante para evitar abusos del sector empresarial".

Capitanich señaló que el anteproyecto de reforma del código penal, que será discutido durante 90 días en distintos foros antes de ingresar en el Congreso de la Nación para su debate final, "necesita un consenso necesario por el impacto que tendrá en los próximos años".

La apertura del período de revisión del anteproyecto del Código Penal se inició el lunes en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA, donde expusieron los cinco miembros de la comisión redactora integrada por el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni; el diputado Federico Pinedo (PRO), el ex juez León

Arslanian, el constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra, y la abogada socialista María Elena Barbagelata.