Pretenden liberar presos por sobrepoblación en cárceles

El martes por la mañana, el periodista Martín Angulo reveló en Infobae la existencia de una lista de 1.111 presos presentada al Ministerio de Justicia por el Servicio Penitenciario Federal con la recomendación de que sean beneficiados por decisión judicial con la libertad condicional o la prisión domiciliaria bajo supervisión con tobillera electrónica. La integraban nombres como Jorge "El Tigre" Acosta, jefe del grupo de tareas de la ESMA y Julio Simón, alias "El Turco Julián". Había otros 94 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, el ex capellán Cristian von Wernich. En paralelo, el ministro Garavano participó el jueves pasado de una reunión con jueces, fiscales y defensores oficiales para que entre 500 y 700 presos dejen los penales del SPF.

Los condenados por delitos de lesa humanidad, una población carcelaria que supera en su amplia mayoría los 70 años de edad, no fueron la única categoría de presos con sugerencia de salida en la lista del SPF: las planillas se completaron con 106 personas del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta de diez años de edad. La razón de esta idea es tan paradójica como simple de entender: se trata de descomprimir. Las cárceles en la Argentina tienen más presos que nunca. Desde los últimos cuatro años del kirchnerismo en el poder que el Estado aumentó con singular fuerza su tasa de arrestos y encarcelamientos, pero el lugar para encerrarlos no crece. 

Hoy, según datos oficiales del SPF, hay 11.900 detenidos en penales federales a lo largo del país, cuando el cupo para alojarlos es de 11.500. Lo cierto es que el Servicio Penitenciario Federal es mirado con envidia desde algunos despachos en La Plata: el Servicio Penitenciario Bonaerense, conducido por Juan Baric, que depende del Ministerio de Justicia a cargo de Gustavo Ferrari y contiene la población carcelaria individual más grande del país, tiene 38.883 detenidos en unidades y alcaldías —1.388 son mujeres— una población que supera la capacidad de alojamiento del SPB en más de 10.500 individuos, otra vez según cifras oficiales. Solo 1.791 personas tienen el beneficio del monitoreo electrónico en prisión domiciliaria.