El Gobierno argentino redobló su ofensiva legal en los tribunales de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park, en el marco de la demanda por la expropiación de la petrolera. A través de un escrito presentado ante la jueza Loretta Preska, la defensa argentina solicitó la suspensión inmediata del fallo que ordena la transferencia de las acciones, advirtiendo que su ejecución causaría “un daño irreparable”.

“Se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su fallo”, plantearon los abogados argentinos en el documento ingresado en la corte del Distrito Sur de Nueva York. En el escrito, sostienen que Preska “invadió una jurisdicción que no le corresponde” al ordenar medidas que afectan directamente al Estado argentino, y señalaron que “las acciones son de imposible expropiación” por estar registradas en la Caja de Valores bajo la legislación local.

La defensa también remarcó que cualquier operación de transferencia o enajenación de ese paquete accionario requiere una mayoría especial de dos tercios en el Congreso de la Nación, conforme a la normativa vigente que regula el control estatal sobre YPF. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas privadas, sino un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento jurídico interno”, insistieron.

Uno de los párrafos más duros del escrito advierte que si las acciones fueran transferidas y luego revendidas por los fondos litigantes, el perjuicio sería irreversible. “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, graficaron los abogados para ilustrar el riesgo de ejecutar la sentencia sin esperar la resolución de la apelación en curso.

Por el momento, además de pedir la suspensión de fondo, Argentina solicitó una medida de protección provisional que impida cualquier movimiento sobre las acciones mientras la Cámara de Apelaciones analiza el caso y decide si otorga una suspensión formal más amplia.

Según publicó el medio Ámbito, la apelación ya se está preparando, aunque reconocieron que la complejidad del caso está demorando su presentación. El equipo legal está encabezado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, y por el procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

En paralelo, fuentes conocedoras de la causa señalaron que una eventual negociación con los fondos demandantes sigue siendo una opción a considerar, pero advirtieron que para encarar ese camino sería necesario un aval previo del Congreso, algo que, en el actual contexto político, luce difícil debido a la falta de mayoría del oficialismo.

Mientras tanto, el reloj judicial sigue corriendo. La apelación deberá presentarse dentro del plazo de 14 días hábiles que dispuso la jueza Preska. La pulseada por el control accionario de YPF y su impacto en la soberanía económica del país sigue abierta.