Un préstamo de $300.000 terminó en una deuda impagable, amenazas de muerte y un brutal intento de homicidio en Santiago del Estero. La Justicia dictó prisión preventiva por ocho meses para Marcela Vallejo y su hija Valentina Reina, acusadas de apuñalar a una vendedora de empanadas que se negó a seguir pagando una suma que ya había triplicado el monto original.

La víctima, Karina del Valle Cejas, tiene 47 años y trabaja en un puesto de comida. Según la investigación, todo comenzó con un préstamo informal de $300.000, que con el paso del tiempo y el cobro de intereses usurarios, se transformó en una deuda de más de $1.700.000.

“Basta, porque ya te he pagado $900.000”, habría reclamado Cejas, según publicó el diario El Liberal. Sin embargo, las presuntas acreedoras insistían en que aún debía otros $800.000. Fue entonces cuando Vallejo la amenazó directamente: “Pagame o vas a acabar en el cementerio”.

El ataque ocurrió el 13 de abril, cuando las acusadas se presentaron nuevamente en el puesto de Cejas. Allí, en medio de una discusión, Vallejo extrajo un cuchillo tipo carnicero y le provocó una grave herida. La mujer debió ser hospitalizada de urgencia y sometida a una cirugía en el Hospital Regional de Santiago del Estero.

Vallejo fue detenida ese mismo día, mientras que su hija fue arrestada semanas más tarde, tras intentar evadir la prisión.

Ambas mujeres están imputadas por el delito de “homicidio en grado de tentativa”. “El ataque a la señora va mucho más allá de una simple exigencia de dinero. Es una práctica de usura, y entendemos que hay más responsables aún anónimos”, denunció Luis Barraza, abogado de la víctima, en diálogo con El Liberal.

La fiscal Nathalia Malachevsky y los querellantes Barraza y Anabel Ledesma destacaron la gravedad del hecho y el riesgo de muerte al que estuvo expuesta la víctima.

Por su parte, la defensa, a cargo de la abogada Carolina Ordóñez, solicitó sin éxito que se cambiara la calificación a “lesiones graves” y pidió excarcelación o prisión domiciliaria. La jueza de Control y Garantías, María Carolina Salas, rechazó todos los planteos y confirmó la prisión preventiva por el plazo de ocho meses para ambas imputadas.