La Justicia argentina resolvió juzgar en ausencia a diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos. Así lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas este miércoles.

Entre los acusados se encontraban funcionarios del régimen iraní y miembros del grupo Hezbollah, señalados como responsables del diseño, planificación, financiamiento y ejecución del ataque terrorista. Todos habían sido declarados rebeldes por no presentarse ante la Justicia, pese a estar al tanto del proceso en su contra.

La lista incluyó a altos cargos del gobierno iraní de entonces:

  • Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia, fue acusado de coordinar a los espías iraníes involucrados.
  • Alí Akbar Velayati, excanciller iraní, fue señalado por brindar cobertura diplomática a la operación.
  • Mohsen Rezai, exjefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, y Ahmad Vahidi, excomandante de la fuerza Al Quds, fueron imputados como planificadores operativos del ataque.
  • Hadi Soleimanpour, embajador iraní en Buenos Aires en 1994, fue acusado de encubrimiento desde la sede diplomática. Dejó el país 18 días antes del atentado.
  • Ahmad Reza Asghari, entonces secretario de la embajada, gestionó el correo diplomático y tareas de enlace. Se fue del país diez días antes del ataque.
  • Mohsen Rabbani, religioso y consejero cultural de la embajada, fue considerado uno de los cerebros logísticos del atentado. Según la investigación, realizó gestiones bancarias, averiguaciones sobre el vehículo utilizado y múltiples llamadas sospechosas.
  • Salman Raouf Salman, bajo pasaportes falsos, habría coordinado la fase final del ataque y el grupo operativo que ejecutó la explosión.
  • Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, ambos miembros de Hezbollah, habrían asistido a Salman Raouf en tareas logísticas. Fueron declarados rebeldes en agosto de 2023.

La decisión de llevar a cabo el atentado se tomó el 14 de agosto de 1993 en Irán, durante una reunión del “Comité de Asuntos Especiales”, encabezada por el entonces presidente Alí Akbar Rafsanjani y avalada por el líder supremo Alí Khamenei.

La planificación corrió por cuenta de la Oficina de Inteligencia del régimen y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. La ejecución se apoyó en una red clandestina montada en Argentina desde los años ’80, liderada por Rabbani y basada en la mezquita At-Tauhíd de Buenos Aires. Desde allí, se recolectó información y se articuló con células de Hezbollah en la Triple Frontera.

La UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, sostuvo que Irán y Hezbollah mantenían una alianza desde 1979 para ejecutar actos terroristas fuera del Líbano, y que el atentado en Buenos Aires formó parte de ese entramado.

La imputación incluyó homicidio doblemente agravado por premeditación y por odio racial o religioso, lesiones graves, daños agravados, y participación en organización armada con fines ideológicos.

Los acusados fueron considerados coautores, partícipes necesarios o instigadores, según su rol en el financiamiento, planificación, cobertura diplomática o encubrimiento. Las penas podrían contemplar la suma de todas las conductas bajo el régimen de concurso real.

La Justicia resolvió avanzar con el juicio en ausencia, dada la persistente negativa de los acusados a comparecer, el conocimiento público del caso, las órdenes de captura internacional vigentes y los reiterados pedidos de extradición rechazados por Irán y El Líbano entre 2006 y 2023.