El Gobierno nacional avanza con un decreto que modificará la reglamentación de la Ley de Glaciares, con el objetivo de reducir el alcance de las zonas protegidas y abrir la puerta a nuevos proyectos mineros, hidrocarburíferos e industriales en regiones periglaciares.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y coordinada por la Secretaría de Legal y Técnica, surgió como respuesta a la presión del sector empresarial y busca brindar "seguridad jurídica" a emprendimientos que hoy se encuentran limitados por la actual normativa ambiental.

La Ley 26.639 prohíbe cualquier actividad que pueda afectar las funciones hídricas de los glaciares y su entorno, imponiendo sanciones que incluyen multas millonarias y hasta el cierre de empresas que incumplan las disposiciones.

No obstante, el nuevo decreto plantearía una interpretación más acotada del concepto de zona protegida. Solo se contemplarían los cuerpos de hielo de más de una hectárea, con una duración mínima de dos años y funciones hídricas comprobadas, siempre que estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares. Esto dejaría fuera amplias zonas periglaciares hoy vedadas al desarrollo económico.

Desde el oficialismo aseguraron que se continuará exigiendo estudios de impacto ambiental y que los glaciares cubiertos y descubiertos seguirán protegidos. A su vez, el Ejecutivo buscará ampliar el margen de decisión de las provincias sobre la gestión de sus recursos naturales.

Los cambios que ahora se implementarán por decreto habían sido parte del borrador original de la Ley Bases, sancionada en 2024, pero fueron descartados en la versión final por falta de respaldo legislativo.

En febrero de ese año, la ONU emitió una advertencia formal al Gobierno argentino. Cinco relatores especiales en derechos humanos calificaron como "regresivos" los cambios propuestos y alertaron sobre su impacto en el medioambiente y en la labor de los defensores ambientales.