¿Se ponen el uniforme a rayas?: la complicada situación de los empresarios textiles detenidos

Este martes, en horas de la mañana, personal policial y judicial llevó a cabo la clausura de talleres textiles por funcionar pese a la prohibición impuesta por el Gobierno Nacional. Uno de ellos fue el perteneciente a la firma Maxi Brant, motivo por el cual quedó detenido su dueño, Isaías Brant. 

El joven fue trasladado a su casa, con custodia policial a la espera del juicio de Flagrancia. Mientras, el local quedó clausurado y es controlado por la Policía a medida que hace recorridas por las calles. Este joven es quien tiene la mayor imputación, de los empresarios detenidos, porque se lo acusa de fraude a la fe pública. 

Es que se constató que firmó permisos de circulación para sus empleados, siendo que su actividad no está exceptuada. Los empleados no están imputados porque cumplieron la orden de su empleador. Es decir, la Justicia entiende que él se "burló" de la Policía al entregar permisos para que sus empelados pasen los controles.

Otro de los talleres cerrados fue el de Zoberman. En este caso, el detenido no fue el empresario propietario, quien hasta el momento no se presentó ante la Justicia, sino que fue aprehendido el gerente de la firma, de apellido Zuckerman, quien estaba presente al momento de la clausura. 

Este acusado también se encuentra detenido en su domicilio, imputado por romper la cuarentena y se lo investiga de un grave delito. Según denunciaron, el hombre cerró la puerta del depósito con candado desde afuera, dejando a los empleados encerrados mientras trabajaban. Esto rompe completamente las normas de seguridad en caso de emergencias.

Por último, en horas de la tarde de este martes, se llevó a cabo un procedimiento similar en un taller textil ubicado en Lateral Este de Ruta 40, entre Maurín y Quiroz. Se trata de la empresa Zonda Safety Gears, una fábrica de indumentaria especial para trabajo. 

Esta compañía, provee a grandes emprendimientos mineros, carboníferos y petroleros del país, como así también a las empresas que prestan servicios a todos ellos. Su propietario, Sergio Vallejo, es el único empresario que quedó detenido en comisaría hasta que se lleve a cabo el juicio en Flagrancia. 

A él se le imputa el artículo 205, por romper la cuarentena. Además, se lo investiga porque, pese a estar exceptuado para elaborar barbijos y camisolines para donar, denunciaron que también confeccionaba indumentaria.