El exintendente se entregó tras la muerte del niño al que se le cayó un arco

Durante la mañana de este miércoles José Alfredo Ibazeta, el exintendente de Calingasta y propietario del 'Cristóbal Fútbol Club', el complejo donde sucedió la trágica muerte de un niño de 4 años, se entregó a la Justicia. De este modo quedó aprehendido y sospechado de ser responsable por la muerte del menor.

Luego de que efectivos policiales realizaran un allanamiento en su domicilio y no lo encontrara, las autoridades lo creyeron prófugo de la Justicia. Pero durante la mañana del martes el actual concejal salió a aclarar que se encontraba en Mendoza y anticipó que se pondría a disposición de la Justicia. Finalmente, eso ocurrió a media mañana, cuando se presentó en la UFI de Delitos Especiales y quedará detenido en la Comisaria del Valle Grande. 

Cabe destacar que el hecho que lo tiene por estos momentos tras las rejas, a la espera de una audiencia, es el del niño identificado como Hilario Uribe, a quien se le cayó un arco encima y murió aplastado. Todo pasó durante un cumpleaños que se festejaba en un complejo de eventos llamado "San Cristóbal Fútbol Club", ubicado en la intersección de calles Presidente Roca y Las Heras, en Barreal, cuyo dueño es Ibazeta.

Por otro lado, la otra persona que se encuentra aprehendida es el administrador del predio destinado para eventos, Gustavo Alberto Campillay Rodríguez. Este hombre fue detenido en un allanamiento realizado este último lunes por la tarde en Barreal. 

El fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, tienen pruebas que ponen a ambos como sospechosos del presunto delito de homicidio culposo. Aparentemente el niño se puso a jugar en la cancha de fútbol 5 junto a otros pequeños.

Según trascendió, uno de los menores se colgó y la estructura metálica cayó arriba de Hilario, con tan mala suerte que lo golpeó en su cabeza. El pequeño menor falleció en el acto por la grave herida en el cráneo.

Lo que establecieron el fiscal Micheltorena y el ayudante fiscal Elizondo junto al personal de la UFI de Delitos Especiales es que el predio tenía vencida las habilitaciones municipales y no se cumplían con las normas de seguridad. Puntualmente, ese arco metálico carecía de contrapeso y no contaba con un anclaje para que estuviese firme en el piso, además la superficie tenía un leve desnivel en ese lugar. Es decir, todo hacía presumir que podía ocurrir un accidente en cualquier momento. Por eso imputan a Ibazeta y a Campillay de posible impericia, negligencia e imprudencia por no tener en condiciones ese predio.