El expediente por la muerte de Lucía Rubiño atraviesa un freno inesperado. Luego del controvertido sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, el joven inicialmente acusado, la causa pasó al Tribunal de Impugnación tras la apelación presentada por la familia de la víctima. Sin embargo, no ha podido avanzar: una sucesión de jueces sorteados para revisar la decisión judicial se han excusado de participar, principalmente por vínculos familiares, sociales o afectivos con los protagonistas del caso.

El bolillero 

El primer juez en ser sorteado para analizar la apelación fue Daniel Guillén, quien se apartó por haber intervenido previamente en otra instancia del caso, cuando formó parte del Tribunal de Impugnación en la causa contra el menor implicado en la muerte de Lucía. Aquel antecedente, según establece el Código Procesal Penal, lo inhabilitaba legalmente para volver a opinar.

El siguiente designado fue Maximiliano Blejman, quien también se excusó. Fuentes judiciales indicaron que el magistrado fue vecino del barrio donde ocurrió el trágico hecho, incluso habría brindado contención a los amigos de la joven en las horas posteriores al siniestro. Además, participó en una reunión vecinal junto a la jueza María Julia Camus, y mantiene una amistad con el juez Octavio Caballero, cuya expareja es madre de una de las amigas de Lucía y testigo clave en la causa.

A medida que se sortearon nuevos magistrados, el patrón de recusaciones continuó. Juan Carlos Caballero Vidal y Benedicto Correa también decidieron apartarse. Sus hijas, según trascendió, eran amigas personales de Lucía y una de ellas incluso declaró como testigo, lo que hacía inviable su intervención objetiva.

Posteriormente, Ana Lía Larrea se excusó por haber participado en la Cámara de Apelaciones cuando se trató el recurso de la defensa del menor acusado. Alegó haber formado una opinión jurídica previa, lo que vuelve a encuadrar dentro de las causales legales de inhibición.

Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que el sorteo designe a un juez que no esté alcanzado por alguna relación directa o indirecta con las partes involucradas. Sin embargo, las opciones son cada vez más limitadas.

Eduardo Raed, uno de los posibles designados, es cuñado del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien tiene una relación cercana con el padre del imputado, Hugo Echegaray, también juez federal. Otro de los nombres que circulan, el de la jueza Silvina Rosso de Balanza, enfrenta objeciones similares: su esposo sería familiar de la madre de Juan Pablo Echegaray.

En cuanto a Renato Roca, se señala que mantiene amistad con el fiscal Iván Grassi, el representante del Ministerio Público que solicitó el sobreseimiento. Esa relación también podría comprometer la percepción de imparcialidad. El único magistrado que, hasta ahora, no aparece vinculado personalmente con los protagonistas es Martín Heredia Zaldo, aunque aún no se ha confirmado si será sorteado.

Desde el ámbito judicial se remarca que todas las excusaciones están fundadas en el artículo 96 del Código Procesal Penal, que establece la obligación de los jueces de apartarse cuando existan vínculos o antecedentes que puedan poner en duda su imparcialidad. No obstante, la acumulación de recusaciones por razones personales en una misma causa volvió a disparar cuestionamientos sobre los estrechos lazos que imperan en la Justicia sanjuanina.

Aunque legalmente respaldadas, estas inhibiciones dejan en evidencia una trama de relaciones cruzadas que, en casos sensibles como este, dificultan el avance del proceso judicial y alimentan la percepción de un sistema cerrado y poco transparente.