El camino judicial en la causa por la muerte de Lucía Rubiño sigue atravesando obstáculos. Este jueves, el juez Renato Roca se convirtió en el sexto magistrado en inhibirse de intervenir en el expediente que llegó a la instancia del Tribunal de Impugnación, tras la apelación presentada por la querella contra el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, imputado inicialmente por el hecho.

Roca había sido designado por sorteo, pero se excusó alegando que ya había tenido participación en el expediente, cuando se desempeñó como miembro de la Cámara de Apelaciones en un recurso vinculado al mismo hecho. En aquella oportunidad, intervino en la resolución del auto de responsabilidad contra el menor implicado, quien continúa procesado por homicidio con dolo eventual en el Juzgado Penal de la Niñez.

En su escrito de excusación, el magistrado expresó que su intervención previa constituía una causal de incompatibilidad legal, citando el inciso 9° del artículo 96 de la Ley 1851-O, que establece la necesidad de preservar la imparcialidad judicial.

Este nuevo alejamiento profundiza la complejidad procesal del caso y pone de relieve las dificultades del sistema judicial para garantizar un tribunal imparcial en un expediente que ha estado rodeado de controversias y vínculos sensibles. En este contexto, vuelve a abrirse el proceso de sorteo para asignar un nuevo juez, aunque, según fuentes cercanas, las partes aún conservan la posibilidad de impugnar al magistrado que resulte electo, si consideran que no garantiza objetividad.

La seguidilla de inhibiciones reavivó el debate sobre la existencia de una supuesta "familia judicial", una expresión que circula en los pasillos de Tribunales y alude a los lazos personales y profesionales que existen entre funcionarios del Poder Judicial, lo que en este caso complica aún más el tratamiento del expediente.

Hasta el momento, los jueces que aún podrían intervenir son Eduardo Raed, Silvina Rosso de Balanza y Martín Heredia Zaldo, este último señalado por fuentes judiciales como quien no tendría motivos para excusarse, aunque su participación todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El caso llegó a Impugnación luego de que Marcelo Fernández, abogado de la familia de Lucía Rubiño, apelara el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal. El joven había sido imputado por homicidio culposo, pero el fiscal Iván Grassi solicitó su desvinculación tras una serie de peritajes realizados por especialistas del Ministerio Público de Mendoza que, según sostuvo, no aportaban pruebas suficientes para mantener la acusación.