Luego de una larga serie de recusaciones e inhibiciones, el juez Eduardo Raed aceptó la competencia para analizar la impugnación presentada contra el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, en el marco de la causa por la muerte de Lucía Rubiño, la joven fallecida en un hecho vial que generó fuerte repercusión pública.

La causa, que transita una etapa decisiva, llegó a esta instancia luego de que el abogado querellante, Marcelo Fernández, apelara el fallo que desvinculó a Echegaray de la investigación. El joven, hijo de un juez federal, había sido imputado por homicidio culposo, pero fue sobreseído tras un dictamen del fiscal Iván Grassi, quien consideró que las pericias realizadas no arrojaban elementos suficientes para mantener la acusación.

Sin embargo, el camino judicial estuvo marcado por múltiples dificultades: seis jueces se inhibieron de participar como tribunal unipersonal de impugnación, alegando distintos grados de participación anterior en la causa o vínculos que comprometían su imparcialidad. El último en excusarse fue el magistrado Renato Roca, quien había sido sorteado para intervenir, pero debió apartarse por haber integrado previamente la cámara de apelaciones en una etapa vinculada al menor imputado por homicidio con dolo eventual, en el mismo expediente. Roca argumentó que ya había emitido opinión jurídica sobre aspectos centrales del caso, una situación que se encuadra como causal de inhibición según el artículo 96 de la ley 1851-O.

Ante ese escenario, Raed aceptó finalmente hacerse cargo del análisis del recurso presentado por la querella, abriendo una nueva etapa en un proceso que ha estado rodeado de controversias por la presunta influencia política y judicial en torno al sobreseimiento de Echegaray.

Actualmente, además de Raed, continúan vigentes como posibles integrantes del tribunal los jueces Martín Heredia Zaldo y Silvina Rosso de Balanza. Según fuentes judiciales, Heredia Zaldo sería uno de los pocos magistrados que no tendría causales para apartarse, lo que permitiría avanzar con mayor celeridad en la resolución del recurso.