La Justicia sanjuanina tomó una determinación clave en la causa que investiga a Denise Robles Bonadé y Rubén Martín González, acusados de liderar una presunta red de estafas inmobiliarias y financieras. Este martes, la jueza de impugnación María Silvina Rosso de Balanza resolvió revocar la prisión domiciliaria de ambos imputados y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberán cumplir dos meses de prisión preventiva.

La decisión surgió a partir del pedido de la fiscalía de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, acompañada por cuatro abogados querellantes, quienes solicitaron la nulidad parcial de una resolución previa dictada por el juez Roberto Montilla, recientemente apartado de la causa. Según expuso la fiscal Daniela Torres, el magistrado se extralimitó en su fallo anterior y no fundamentó adecuadamente por qué no ordenó el traslado al penal, pese a que la defensa de González ni siquiera había solicitado la prisión domiciliaria durante la audiencia.

Uno de los elementos clave para la jueza Rosso de Balanza fue el posible entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, se mencionó una prueba incorporada por el fiscal Guillermo Heredia, quien indicó que el 28 de marzo se habrían retirado varias cajas, una camioneta y un auto de la casa de Robles Bonadé, lo que sugiere movimientos de bienes en medio de la causa judicial.

“La voluntad de no pagar está clara. Se quedaron con dinero ajeno con fines de lucro”, sostuvo la fiscalía, señalando que los hechos investigados constituyen maniobras dolosas. La posición fue respaldada por los abogados querellantes Echegaray, Idemi y Balmaceda.

Por su parte, la defensa de los imputados, a cargo de Carlos Reinoso (por González) y Fernando Castro (por Robles Bonadé), se opuso al traslado al penal. Castro pidió además que se le realice una junta interdisciplinaria a su clienta, algo que la jueza ordenó que se concrete de manera inmediata, conforme a los puntos periciales solicitados en la audiencia de formalización.

La causa sigue avanzando y el traslado al penal marca un nuevo capítulo en una investigación que mantiene en vilo a decenas de damnificados.

Robles Bonadé y González están imputados por el presunto manejo fraudulento de fondos de inversores, que entregaban dinero para la compra de departamentos, terrenos y otros bienes raíces. Según consta en la investigación, las operaciones nunca se concretaban