La historia de Fabricio Cortéz, un gendarme oriundo de Jáchal, San Juan, lleva 25 meses teñida de incertidumbre y encierro. Desde que fue detenido en Rosario, Santa Fe, tras intervenir en un hecho de inseguridad, permanece privado de la libertad mientras se dilata la llegada del juicio oral. Carlos Varela, su abogado defensor, dialogó con Canal 13 para explicar los pormenores del caso y lanzó una afirmación contundente: “No he visto una situación similar en más de 30 años de profesión”.

El hecho que desencadenó la detención ocurrió en 2022. Fabricio había sido trasladado a Rosario en el marco de un operativo de asistencia de fuerzas nacionales ante la creciente ola de inseguridad. Se alojaba en una vivienda alquilada por el Gobierno Nacional cuando advirtió, desde su ventana, que tres personas estaban robando cables en la vía pública, un delito frecuente en esa ciudad debido al valor del cobre.

“Llamó dos veces a la policía, al comando radioeléctrico, pero nunca llegaron. Ante esa demora, decidió intervenir”, explicó Varela. Según la defensa, Cortéz se identificó como personal de Gendarmería, dio la voz de alto y fue atacado por dos de los sujetos, que portaban cuchillos. En el forcejeo, disparó su arma reglamentaria e hirió a uno de ellos, quien corrió unos metros antes de caer sin vida. Luego, Cortéz volvió a llamar al 911, esta vez para solicitar asistencia médica para el herido.

El sanjuanino lleva 25 meses detenido en Santa Fe a la espera de un fallo

Pese a haber actuado en un contexto que la defensa califica como “legítima defensa en ejercicio de su función”, la fiscal provincial que intervino en el caso decidió imputarlo por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una figura penal que conlleva una alta expectativa de pena. Desde entonces, se le dictó prisión preventiva y permanece detenido a la espera del juicio.

“El caso de Fabricio debería haberse tramitado con él en libertad. No hay antecedentes penales, tiene familia, arraigo, y no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa”, señaló Varela. “La imputación fue desproporcionada. En el peor de los escenarios, podría haberse evaluado un exceso en la legítima defensa, que implica una pena menor”, añadió.

Para la defensa, la imputación está motivada por un conflicto previo entre la fiscal y personal de Gendarmería: “Creo que hubo una proyección de una confrontación dialéctica entre la fiscal y miembros de la fuerza. Fabricio terminó siendo el blanco de una reacción institucional que no se justifica”, opinó.

Actualmente, está prevista una audiencia preliminar para el 12 de junio, en la cual se discutirá la admisión de pruebas y la calificación legal del hecho. De superarse esta instancia, el juicio podría realizarse recién dentro de cuatro a seis meses. “Es escandaloso. Fabricio lleva más de dos años detenido, cuando todo indica que actuó en defensa propia ante un delito en curso”, reiteró su abogado.

Además, Varela destacó que una reconstrucción oficial del hecho ya arrojó resultados favorables para la versión del gendarme: “Está probado que los individuos estaban robando, que portaban cuchillos, que lo acometieron, y aún así, Fabricio sigue preso. Es incomprensible”.

El caso conmueve no solo por el tiempo de detención, sino también por su trasfondo ético y humano. “Lo más doloroso es que si Fabricio no hubiera intervenido, hoy estaría libre. Pero eligió actuar como servidor público, como hombre de una fuerza de seguridad, y eso lo llevó a esta situación. Es una paradoja brutal”, lamentó Varela. Y concluyó: “Lo están tratando como un delincuente cuando solo cumplió con su deber”.