Un nuevo giro tuvo este viernes, la causa por la presunta megaestafa inmobiliaria que sacudió a San Juan en los últimos meses. El juez de Garantías, Dr. Matías Fernández Caussi, resolvió conceder la prisión domiciliaria por tres meses a María Denisse Robles y Rubén Ángel González Martín, la expareja imputada por más de 40 maniobras de estafa vinculadas a desarrollos inmobiliarios y operaciones financieras.

Ambos acusados estaban alojados en el Penal de Chimbas bajo prisión preventiva, pero ahora continuarán el proceso desde sus domicilios. Uno de los argumentos centrales del magistrado fue que, durante una instancia previa de arresto domiciliario, los imputados no entorpecieron la investigación, lo que contribuyó a justificar la medida. “La decisión fue tomada más por una cuestión fáctica que jurídica”, indicó el juez, aclarando que hasta el momento no se ha detectado ningún intento de obstrucción por parte de los acusados.

Durante la audiencia, Rubén González Martín tomó la palabra y aseguró tener voluntad de resolver los conflictos legales: “Todo lo que he vendido está a nombre de los compradores y tengo solvencia para responder. No tengo intención de fugarme. La prisión preventiva me impide negociar con los damnificados”, afirmó.

Por su parte, Denisse Robles decidió no declarar. Su defensa presentó informes médicos que fueron clave en el análisis del juez. Los estudios concluyeron que Robles es plenamente capaz de comprender la criminalidad de sus actos y tiene capacidad para discernir entre lo legal y lo ilegal.

En el mismo acto judicial, el Ministerio Público Fiscal incorporó nuevas denuncias. Una de ellas llamó particularmente la atención: un hombre afirmó haberle prestado 20.000 dólares a Denisse Robles bajo la promesa de recibir altos intereses a corto plazo. Nunca recuperó ni el capital ni los intereses, lo que derivó en una nueva imputación por estafa.

Ante la creciente magnitud del caso, la Fiscalía solicitó que el expediente sea declarado como causa compleja, lo que permitiría extender el período de investigación preparatoria por un año adicional. Además, el fiscal pidió una nueva prisión preventiva en el penal, respaldado por los querellantes presentes, pero el juez rechazó esa solicitud y mantuvo el beneficio del arresto domiciliario.

El expediente sigue creciendo y ya suma decenas de damnificados. Mientras tanto, Robles y González Martín esperarán el avance de la causa desde sus casas, bajo estrictas medidas de control judicial. La investigación continúa bajo la lupa de la justicia sanjuanina y promete nuevos capítulos.