En la mañana de este miércoles se celebró una audiencia en Tribunales donde se resolvió aplicar una suspensión de juicio a prueba para Hugo Andrés Ferrer, propietario de un taller metalúrgico de Santa Lucía, imputado por la muerte de un trabajador (Cristian Gastón Rojas) ocurrida en un accidente laboral en 2024. La medida fue aceptada por el Ministerio Público Fiscal, el juez interviniente y también por la familia de la víctima, quien ya fue indemnizada por la empresa.

El abogado defensor, Roberto Juárez, explicó que “se trató de un lamentable hecho ocurrido el año pasado, en el que un trabajador perdió la vida mientras manipulaba una maquinaria dentro de una fábrica de fabricación y reparación de implementos agrícolas”.

El accidente ocurrió en el taller de Ferrer ubicado en Ruta 20, kilómetro 3. La víctima se encontraba realizando tareas de esmerilado cuando la piedra de la máquina se desprendió e impactó en su cabeza, provocándole un hundimiento de cráneo. Aunque fue trasladado con urgencia al hospital, falleció poco después.

“El trabajador estaba en planta, en relación de dependencia. Desde el primer momento, la empresa acompañó a la familia, asumió su responsabilidad civil e indemnizó conforme a lo que marca la ley. Además, ofreció una reparación simbólica de 2 millones de pesos en el marco de esta suspensión del juicio”, explicó Juárez.

Según detalló el letrado, el esmeril involucrado en el accidente era de fabricación artesanal, no estaba normalizado, carecía de instrucciones, botón de parada de emergencia y medidor de voltaje. Estas condiciones fueron clave para la investigación por presunta negligencia en higiene y seguridad.

“No había antecedentes penales. El imputado es un empresario de una pequeña firma familiar que también lamentó profundamente lo sucedido. Era un trabajador de muchos años y estaban muy unidos. Él se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento”, señaló Juárez, al justificar la decisión judicial de conceder el beneficio de la probation.

La pena prevista para el delito de homicidio culposo, contemplada en el Código Penal, va de uno a cinco años. En este caso, por no contar con antecedentes y debido al contexto, se habría aplicado una pena menor, que permite la suspensión del juicio a prueba.

Como parte de esta probation, Ferrer se comprometió a realizar 60 horas de tareas comunitarias durante seis meses en la Municipalidad de Santa Lucía. Además, la empresa implementó mejoras en las condiciones de trabajo: contrató profesionales en higiene y seguridad, capacitó a sus trabajadores y reforzó medidas de prevención para evitar nuevos riesgos.