El sueño de la casa propia se convirtió en una pesadilla para al menos 48 familias sanjuaninas, que denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa vinculada a un proyecto habitacional en el denominado barrio Textil II. Glenda González, una de las afectadas, brindó su testimonio en una entrevista por Compacto 13 en la que relató cómo entregó sus ahorros con la esperanza de acceder a una vivienda, y hoy solo encuentra silencio e incertidumbre.

"Un día me llamó mi mamá diciendo que parecía que era una estafa"

“Estamos con bronca por lo que nos pasa. Jugaron con la ilusión de un montón de familias”, lamentó Glenda, quien asegura haber entregado 4 millones de pesos como adelanto para acceder a una supuesta carpeta de adjudicación.

Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando Roberto Vega, dirigente del gremio Textil, difundió un audio en el grupo de delegados anunciando la disponibilidad de “dos carpetas liberadas” para viviendas en el barrio Textil II. Glenda y su marido, al escuchar la propuesta, creyeron que era una oportunidad única: “Me reuní con Vega en el gremio y nos explicó todo. Dijo que había tenido reuniones con Marcelo Orrego por la ampliación del barrio. Ese día mismo coordinamos para entregar el dinero en una constructora”.

Según González, el trato incluyó el pago inicial de 4 millones de pesos “un billete arriba de otro”, recuerda, y un compromiso de financiamiento por el resto. En total, dice haber aportado unos 7 millones de pesos. “La carpeta me la vendieron en 8 millones y me pidió una seña de lo más que pudiera. Confiamos. Pensé: ya hay un barrio Textil I, esto debe ser una continuación”.

Lo más grave del caso, indica, es que todo fue presentado como una operatoria abierta, incluso para quienes no estaban afiliados al gremio. “Yo no soy afiliada, soy una particular. Pero Vega dijo que las carpetas estaban disponibles también para la gente que no pertenecía al gremio”, afirmó.

Con el paso de los meses, las promesas no se cumplieron, las obras no comenzaron y las respuestas dejaron de llegar. Fue entonces cuando una llamada cambió todo: “Un día me llamó mi mamá diciendo que parecía que esto era una estafa”.

Preocupada, Glenda buscó asesoramiento legal. La abogada Cristina Ferreyra, que tomó el caso, comenzó a investigar y descubrió que el contrato se firmó entre el gremio Textil, con Vega como titular, y la constructora DGA, representada por Miguel Seferino Aciar. Glenda recuerda también que había mantenido contacto con Aciar por un atraso en una cuota, lo que refuerza su convencimiento de que ambos estuvieron involucrados.

“Ese día que yo entregué los 4 millones, estoy segura de que se los repartieron entre Vega y Aciar”, expresó con firmeza.

Aunque hasta ahora se contabilizan 48 familias directamente afectadas, González cree que hay muchas más en la misma situación. “Esperamos que se unan para que el reclamo sea más fuerte y que esta gente devuelva la plata que nos ha robado”.