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El complejo entramado de intereses en la Amazonia

Las preocupaciones sobre este extenso territorio rico en biodiversidad, recursos naturales, pueblos indígenas y poblaciones urbanas ponen de relieve un conflicto de intereses históricos, más actuales que nunca.
miércoles, 25 de septiembre de 2019 · 20:42

Millones de ojos continúan posados sobre la situación de la Amazonia. Desde dentro y desde fuera de las fronteras boscosas de la selva, las preocupaciones sobre este extenso territorio rico en biodiversidad, recursos naturales, pueblos indígenas y poblaciones urbanas ponen de relieve un conflicto de intereses históricos, más actuales que nunca. Si bien el presidente Jair Bolsonaro afirmó que "Brasil es uno de los países que más protege el medio ambiente" con datos de que solo el 8 % del territorio nacional estaría destinado a agricultura, organismos como MapBiomas y Atlas de la Agropecuaria Brasileña desmienten esta cifra y la elevan al 30 %.

Ana Toni, directora ejecutiva del Instituto Clima y Sociedad (iCS) en Brasil, explica en una entrevista las consecuencias de la polarización de intereses sobre la Amazonia y por qué sería necesaria una confluencia entre las partes. "Tanto el ambientalista como el empresario, cada uno mira la parte de la selva que le interesa. Para los ecologistas la Amazonia es un conjunto ecológico exuberante, para los políticos locales es el desafío de atender a la población urbana amazónica que demanda servicios y para los indígenas es su casa", afirma Toni. "Existen pocos espacios donde estos intereses converjan pero sería posible fomentarlos. Necesitamos un abordaje de la Amazonia que contemple todos estos deseos y puntos de vista para lograr una estrategia de conservación viable".

La soberanía sobre la Amazonia es "sagrada" para Bolsonaro

Con motivo de la ceremonia de apertura de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas que tuvo lugar el martes en Nueva York, el presidente de Brasil estructuró su discurso de inauguración en un eje central: el supuesto resurgir de su país y subrayó de nuevo su soberanía sobre la Amazonia.

"Quiero reafirmar mi posición de que cualquier iniciativa de ayuda o apoyo a la conservación de la selva Amazónica, o de otros biomas, debe ser tratada en pleno respeto a la soberanía brasileña", declaró Jair Bolsonaro en su intervención en alusión al dinero ofrecido por el bloque del G7, después de que los incendios tomasen un eco internacional justo cuando acababa de desmoronarse la estructura del Fondo Amazonia, principal financiador de proyectos de conservación en la selva con dinero donado principalmente por Noruega y Alemania.

"Sin duda alguna, cualquier financiador en cualquier área quiere opinar sobre lo que está financiando. Si Bolsonaro no quiere influencia de otros países lo mejor es que no acepte esos recursos", declara Ana Toni. "Podemos debatir sobre el nivel de interferencia de estas opiniones, pero el derecho de opinar sobre lo que alguien hace con el dinero donado es innegable", añade la entrevistada en relación a los fondos públicos donados por algunos países para contribuir con proyectos de conservación socio-ambiental y de economía sustentable en la Amazonia.

Debido a las críticas sobre la ausencia de una verdadera política ambiental brasileña, la participación de Brasil en la Cumbre del Clima, que tuvo lugar justo este lunes también en Estados Unidos, fue vedada. Si bien esto representa un histórico traspiés para el país bloqueado, Bolsonaro aprovechó que goza, por motivos históricos, de la primera palabra en la inauguración de la Asamblea de la ONU, una de las mayores reuniones de líderes mundiales, para argumentar su posición en relación a la crítica internacional que recibe sobre su gestión ambiental.

"Los ataques sensacionalistas que sufrimos por parte de gran parte de la prensa internacional debido a los focos de incendio en la Amazonia despertaron nuestro sentimiento patriótico", afirmó Bolsonaro durante su discurso. "Cuestionaron lo que nos es más sagrado: ¡nuestra soberanía!", añadió el presidente brasileño.

El 26 de agosto, durante la reunión del G7, Emmanuelle Macron, presidente de Francia, respondió a una pregunta sobre la posibilidad de un eventual "estatus internacional" para la Amazonia y aclaró que esta opción no estaba siendo considerada pero que podría serlo si algún "Estado soberano toma de forma clara y concreta medidas que se opongan al interés de todo el planeta".

Si bien Ana Toni considera desatinada la frase de Macron sobre la supuesta internacionalización de la gestión de la Amazonia, declara que no encuentra ninguna solidez en el argumento del Gobierno brasileño de que haya una amenaza a la soberanía. "Existía un pacto de que el Gobierno (brasileño) protegería la Amazonia y ese pacto fue violado. Bolsonaro puede hacer lo que quiera con la Amazonia pero, de la misma forma, el resto del mundo también puede reaccionar como quieran a este quiebre de un acuerdo", relata la directora del iCS, que subraya que las críticas no vinieron solo de gobiernos extranjeros, sino también de una gran mayoría de la población que salió a las calles a manifestarse porque considera que proteger la selva amazónica es importante.

El pacto informal de protección ambiental como estrategia política

No se trata simplemente de los acuerdos climáticos internacionales firmados por el Gobierno brasileño, sino de lo que Toni define como "un pacto de caballeros y damas, un acuerdo de conservación informal que funcionaba". De acuerdo con esta economista política, Brasil siempre lideró el discurso de protección ambiental de forma que su propia propuesta de conservación de la Amazonia le garantizase la estrategia de control del territorio.

"El descontrol de las fronteras brasileñas, así como el aumento de los actos ilegales en deforestación y incendios deja más explícita la falta de control del Gobierno. Esto inquieta a extranjeros pero también a nosotros, los brasileños", afirma Toni. Tras una enumeración de recortes en la gestión de órganos ambientales y disputas con los dirigentes de algunas de estas instituciones de control ambiental o de investigación científica, la directora del iCS expresa que mientras Bolsonaro criminaliza a las ONGs y a la comunidad científica, entre otros, los verdaderos criminales que talan y queman el bosque permanecen impunes. "Y la vida de los defensores ambientales, profundamente amenazada en un país como Brasil, ¿quién protegerá estas vidas?", es una de las cuestiones que levanta Toni.

Brasil es el país del mundo con mayor número de asesinatos por conflictos rurales y se constituyó como el primer país en número de asesinatos a ambientalistas, de acuerdo con los datos más recientes de la organización Global Witness (GW). De los 164 defensores de la tierra asesinados el pasado año en todo el mundo, 46 estaban en Brasil, es decir el 28 % del total.

La población urbana de la Amazonia debe ser considerada

La selva amazónica brasileña comporta nada menos que 5 millones de kilómetros cuadrados divididos en diez estados. Solo en el territorio de la Amazonia Legal brasileña viven 24 millones de personas, el 12 % del total de la población nacional. "Aunque parezca que la población urbana amazónica tiene intereses diferentes a los de los indígenas y ambientalistas, todos ellos componen la parte más frágil de la pirámide de poderes en la Amazonia. Es por ello que necesitamos que las demandas de todos ellos confluyan para lograr una sostenibilidad para la región", declara Toni.

"Es importante recordar que la región norte amazónica representa la mitad del país y es la región brasileña con mayor ausencia de políticas públicas. ¿Cuántas personas de Río de Janeiro o São Paulo se preocupan con la política de salud o de educación que llega para la población amazónica?", cuestiona le entrevistada. Y enfatiza que "Brasil necesita abrazar a la Amazonia como un todo, con todos sus desafíos como región compleja que es".

Cuestionada sobre quién es la parte fuerte en este escenario, la directora del iCS responde que "son los que tienen las posibilidades financieras, los recursos, la tierra o los poderes militares, entre otros. Pero toda esta parte fuerte no es un monolito, existen algunos de ellos a favor de conservar la selva en pie". Toni añade que "existe un prejuicio de que todos los empresarios en la Amazonia son trogloditas que buscan la deforestación y la negación del cambio climático, pero no siempre es así. El panadero es un empresario que tal vez no quiera destruir la selva". Esta analista aclara, además, que es la población urbana quien vota a los gobernantes responsables por la aplicación local de políticas de todo tipo, incluidas las ambientales.

"La mayoría de los indígenas sabe de la importancia de la selva porque vive de ella. Ahora hay que conquistar al resto de la población que vive en los núcleos urbanos, ellos son un pilar importantísimo de la región y si no abrazan la causa de la preservación ambiental no habrá ninguna otra fuerza externa o interna que lo consiga", explica Toni, que enfatiza que para que esto suceda "las demandas de transporte o de empleo de esta población no pueden ser ignoradas". "Si no los incluimos en el debate –sobre cómo gestionar y conservar la selva amazónica– continuaremos alimentando el divorcio entre los diversos actores de la Amazonia", afirma.

¿Intereses económicos versus conservación ambiental?

Toni responde sin hesitaciones que conciliar los intereses económicos con los ambientalistas se trata de una cuestión no solo posible, sino obligatoria. "No tenemos otra salida para preservar la Amazonia que encontrar el punto de confluencia entre estos actores. En lugar de buscar las actividades lucrativas que tienen menos impacto ambiental, debemos pensar cómo construir una estructura económica que preserve la fortaleza de la selva y además le de lucro económico a la Amazonia y al planeta entero", añade.

Esta economista política defiende la existencia de actividades económicas que valorizan el cuidado de los árboles y que promueven una distribución de la renta más diversificada. "Es posible ampliar las cadenas de venta de açaí o de castaña de Brasil –frutos típicos de la Amazonia–", declara. "A priori yo no tengo nada contra el sector privado, existen actores buenos y malos, por ello debe ser una actividad siempre regulada. Si se trata de fomentar la replantación con agroflorestas para vender madera eco sustentable, estoy a favor, si la actividad económica se resume a extraer minerales ilegalmente destruyendo la cobertura vegetal, estoy en contra", añade la entrevistada.

Esta experimentada analista ambiental, que ya dirigió el Consejo Internacional de Greenpeace Internacional así como la Fundación Ford en Brasil, puntualiza que, aunque considera posible una confluencia entre los intereses económicos y ambientalistas, siente desconfianza cuando el actual Gobierno menciona la importancia de la inversión privada en la Amazonia. "¿Quién va a estar atrás de estas inversiones?", cuestiona.

 

 

Fuente: Actualidad RT

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