Turquía vive momentos de alarma extrema tras una serie de muertes vinculadas al consumo de alcohol adulterado. En apenas 72 horas, más de 30 personas fallecieron y casi 50 fueron hospitalizadas en Estambul, muchas de ellas en cuidados intensivos. Este problema, que en 2024 ya se cobró la vida de 110 personas, se intensificó drásticamente en las últimas semanas del año, cuando se registraron 68 fallecimientos.

La bebida más adulterada es el raki, un licor anisado emblemático del país, contaminado con metanol, un alcohol sintético utilizado como combustible o solvente. En respuesta, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha lanzado el "Operativo Alcohol", realizando allanamientos y decomisos en todo el país, incluso en la frontera con Siria, origen de gran parte del contrabando.

Según la prensa local, el auge del contrabando y consumo de alcohol adulterado está relacionado con el incremento sostenido de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, medida impulsada por Erdogan, acusado de promover la islamización de la sociedad turca. Actualmente, hasta tres cuartas partes del precio de una bebida corresponden a impuestos, lo que ha elevado el costo del raki a unos 40 dólares por litro. Este encarecimiento, que en algunos casos alcanzó un 200%, llevó a muchas personas a consumir alcohol ilegal.

El negocio del contrabando resulta lucrativo para grupos no solo turcos, sino también de países como Siria, donde el consumo de alcohol está prohibido y su producción se destina mayormente al mercado ilegal. Provincias como Antakya y Mersin son puntos clave de ingreso de estos productos, que luego se distribuyen en ciudades principales como Ankara y Estambul.

Un caso que resuena en Argentina

El fenómeno recuerda al conocido caso Torraga, ocurrido en Argentina en 1993, cuando 29 personas murieron y otras quedaron con secuelas neurológicas tras consumir vino adulterado con metanol.

La tragedia comenzó el 21 de febrero de ese año, durante una reunión familiar en Buenos Aires, en la que fallecieron seis personas tras brindar con los vinos “Soy Cuyano” y “Mansero”, ambos producidos por la bodega Nietos de Gonzalo Torraga S.A. Arnaldo Mario Torraga, dueño de la empresa, había agregado alcohol metílico a los vinos en damajuanas para “estirar” el producto y mantener la graduación alcohólica mínima exigida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

En 1996, Torraga fue condenado a 15 años de prisión por envenenamiento masivo. Sin embargo, las demandas civiles no prosperaron debido a la limitada capacidad económica de las víctimas, que mayoritariamente pertenecían a sectores de bajos recursos.