Tras una maratón de 15 horas, diputados aprobaron la Ley de Emergencia

Minutos antes de las 6.30 de la mañana de este viernes y luego de 15 horas de maratónica sesión, la Cámara de Diputados de Nación aprobó en general con 134 votos contra 110 el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Es, en otras palabras, la Emergencia Económica que había requerido el presidente Alberto Fernández.

La norma otorga facultades al Poder Ejecutivo para instrumentar una serie de medidas excepcionales, en el marco de la crisis. La media sanción solo fue posible porque el oficialismo anunció una serie de cambios con respecto al texto original, en materia de retenciones, el impuesto al dólar y aportes de prepagas.

La sesión se llevó a cabo bajo la conducción del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El quórum estricto de 129 legisladores sentados fue completado con colaboración del Interbloque Federal. Específicamente con Euduardo Bucca y Graciela Camaño. También ayudó el mendocino José Luis Ramón, del bloque Unidad para el Desarrollo.

Aunque los gobernadores radicales habían comprometido su apoyo frente al presidente Fernández, para sumar el quórum y habilitar el debate, ninguno de los legisladores de Juntos por el Cambio bajó al recinto hasta que Massa pudo abrir la sesión.

A la hora de la votación, no estuvo presente Camaño, como tampoco Elisa Carrió, quien se dejó ver en horas de la tarde del jueves por el recinto legislativo. En total fueron 12 los diputados y diputadas ausentes, todos de la oposición.

El debate se tornó intenso por momentos, con acusaciones cruzadas entre el justicialismo y el macrismo por el peso de las herencias. El Frente de Todos exhibió indicadores económicos para justificar la necesidad de declarar la emergencia pública. Juntos por el Cambio cuestionó la amplia delegación de facultades que imponía el proyecto.

Las claves del proyecto:

Según resumió el sitio especializado Parlamentario, el proyecto titulado “de solidaridad social y reactivación productiva”, declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Una de las polémicas fue la suspensión por 180 la fórmula de movilidad jubilatoria. Durante ese lapso, el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente y de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales. También deberá elaborar un nuevo método de actualización.

Pero continuarán vigentes los regímenes jubilatorios especiales que tienen los docentes, los docentes universitarios, los científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.

Se aprobó el impuesto del 30% al dólar, con el nombre de PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo para la compra de moneda estadounidense para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.

Se puso un tope del 33% para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo. Para los hidrocarburos y la minería, el techo fue fijado en el 8%.

El proyecto también regula aumentos de sueldos del sector privado. Establece la facultad de “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.

Con respecto a las tarifas, en un plazo de seis meses se renegociará un nuevo esquema. Además se interviene el ENRE y el ENARGAS. Se suspenden los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.