Los antecedentes de la puntera acusada de corrupción en la entrega de planes

El Segundo Juzgado de Instrucción tiene en la mira a la dirigente política Estela Núñez, acusada de cobrar comisiones por la entrega de planes sociales y bolsones de comida. Núñez maneja una Asociación Civil denominada Mujeres y Género, que curiosamente se llama igual que el Movimiento Mujeres y Géneros (sí, la única diferencia es una s) de Unidad Ciudadana. Este es uno de los motivos que llevaron a este movimiento kirchnerista a emitir un comunicado para apartarse del resonante caso.

Anteriormente, Núñez perteneció al movimiento de Unidad Ciudadana, "incluso lo dirigió en un período, pero se fue", expresó Carmen Jofré, una de las integrantes. "Pero como tuvimos problemas con ella, se salió", agregó, aunque no quiso brindar mayores detalles de los motivos o por cuánto tiempo estuvo a la cabeza de la agrupación política.

La puntera que reside en el departamento de Rivadavia decidió entonces crear su propia Asociación Civil, con un nombre prácticamente idéntico a la agrupación kirchnerista. La diferencia es que Núñez consiguió la personería jurídica y de esta manera le permitió adquirir mayores beneficios, como recibir asistencias sociales del Estado. Tales son los planes del Potenciar Trabajo, y nylon y colchones que recibía de Desarrollo Humano.

Ante la denuncia judicial realizada por María Eugenia Trigo Cabana y una menor de edad, es que el Movimiento Mujeres y Géneros salió a apartarse y a su vez, defenderse de posibles acusaciones. "MyG en UC es un movimiento político que está comprometido en la defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos de la mujer, la familia y la diversidad", especificó Carmen Jofré.

"No gestionamos ni distribuimos planes sociales ni bolsones de alimentos", cerró Jofré de Mujeres y Géneros. Es que, a diferencia de Núñez, el nombre del movimiento no está inscripto legalmente, por lo que no tiene personería y se maneja dentro de la órbita de Unidad Ciudadana.

El caso

De acuerdo a la denuncia contra Núñez, la puntera cobraba una comisión de $4.000 por los planes sociales y otros $200 por cada módulo alimentario que entregaba a las beneficiarias en Rivadavia. También se le acusa de realizar sorteos en donde los principales premios eran las ayudas sociales que recibía por parte del Estado, según informó Tiempo de San Juan.

Las denunciantes expresaron ante la Justicia que debían llevar el dinero al domicilio de Núñez antes del 10 de cada mes, si no amenazaba con quitarle las ayudas. Por ello es que la gente que se manejaba bajo la Asociación Civil cumplía en tiempo y forma con la puntera.

Las víctimas de la corrupción denunciada dijeron que debían asistir a las manifestaciones cuando así lo disponía Núñez. En caso de no participar, una vez más eran amenazadas con la baja de los planes y bolsones de comida.