En una decisión que busca desactivar tensiones políticas y evitar una posible movilización multitudinaria, el Tribunal Oral Federal N°2 resolvió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá presentarse personalmente en los tribunales de Comodoro Py para conocer las condiciones de su detención, según publicó el medio La Política Online. En cambio, será notificada este martes por la tarde a través de una videollamada por Zoom, lo que implicaría que el tribunal aceptará su pedido de cumplir la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La medida fue tomada en medio de una fuerte presión política y negociaciones de último momento entre representantes del Gobierno nacional y sectores del Poder Judicial. Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, encabezaron gestiones urgentes para evitar que la líder peronista tuviera que trasladarse físicamente a los tribunales, en el marco de la masiva manifestación que impulsa el peronismo para este miércoles en apoyo a la expresidenta y en la que el peronismo sanjuanino asistirá con militantes y colectivos.

El operativo de seguridad ya había comenzado este martes en las inmediaciones de Comodoro Py, con un despliegue policial preventivo. Sin embargo, con esta resolución judicial, las autoridades buscan neutralizar el foco de protesta principal. A pesar de ello, desde sectores como La Cámpora, sindicatos y jefes comunales del peronismo se mantienen firmes en la convocatoria a la marcha, que podría modificarse en formato o destino, pero no suspenderse del todo.

Prisión domiciliaria

La notificación virtual de las condiciones de detención a Cristina Fernández de Kirchner sería realizada por el juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, quien se encarga del expediente junto con los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini. Si bien la concesión del régimen de prisión domiciliaria parece casi confirmada, lo que aún resta por definirse son las condiciones específicas que se aplicarán.

Fuentes judiciales indicaron que el tribunal analiza imponer restricciones más severas de lo habitual. Entre las posibles medidas se contempla la prohibición de utilizar redes sociales, un control estricto sobre las visitas, la imposibilidad de salir al balcón e incluso restricciones sobre la difusión de mensajes o discursos desde el domicilio. Estas medidas buscan evitar que la residencia se transforme en un nuevo centro de concentración política o protesta constante.

En cuanto al lugar en el que cumplirá la detención, todo indica que será el departamento de la expresidenta ubicado en la intersección de San José y Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución. No obstante, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó formalmente al tribunal que no se permita el cumplimiento de la pena en ese domicilio debido al impacto que podrían tener eventuales acampes, vigilias o manifestaciones sobre la vida cotidiana del barrio.

Pedido del Gobierno porteño

Mediante una presentación firmada por la Procuración General, el Ejecutivo porteño advirtió que “el dispositivo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento general del macrocentro”. Además, solicitaron que, en caso de aprobarse ese domicilio, se obligue al Gobierno nacional a hacerse cargo del operativo de seguridad y a garantizar el orden público en la zona.