El exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, presentó una recusación formal contra tres altos funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan: el presidente Pablo García Nieto, el vocal Juan Flores y la fiscal María Inés Coll. El dirigente denuncia en su escrito que los involucrados mantienen vínculos familiares, relaciones de amistad íntima y alineamientos partidarios activos.

Baistrocchi solicita el apartamiento de los tres funcionarios por encontrarse, según detalla, incursos en causales legales de recusación establecidas en la ley 1100-E, la ley 2415-O y la ley 560-E de Ética Pública, además de violar principios del debido proceso legal.

“La intervención de estos funcionarios compromete y ha comprometido gravemente los principios de imparcialidad, transparencia, objetividad e independencia que deben regir el control público”, sostiene el texto presentado, que también señala una “situación de indefensión” por parte del exintendente frente a “autoridades objetivamente comprometidas”.

La recusación no solo plantea objeciones sobre los procedimientos actuales, sino que abre el debate sobre la legitimidad del control público en la provincia. En ese sentido, apunta directamente contra el aparato político del uñaquismo, con el que Baistrocchi mantiene una ruptura pública desde su salida del gobierno municipal. El escrito denuncia una supuesta “asignación dirigida” y uso partidario del Tribunal de Cuentas por parte de sectores vinculados al exgobernador Sergio Uñac.

El expediente, registrado bajo el número 900.663-M-24, fue girado en simultáneo a la Cámara de Diputados de San Juan, órgano con facultades constitucionales para intervenir en el funcionamiento del Tribunal, con el objetivo de que se le dé tratamiento institucional inmediato.

Baistrocchi, de extracción peronista, rompió con Uñac tras su gestión en la Capital y fundó su propio espacio político: Hacemos por San Juan, alineado con el modelo federal que impulsa Juan Schiaretti desde Córdoba. La presentación judicial surge como respuesta a lo que él interpreta como una persecución política, luego de que el Tribunal le hiciera objeciones sobre el uso de fondos públicos durante su intendencia.