El segundo semestre de Alberto

Salvo por un alineamiento partidario a prueba de todo, el paquetazo de medidas enviadas por el presidente Alberto Fernández al Congreso de la Nación genera dudas de todo tipo, inclusive en los propios. Se trata de una apuesta fuerte y de shock para sacudir la economía aplastada por la recesión, estimulando el consumo de los sectores más vulnerables. 

Más allá de la reparación social imprescindible, ellos ofrecen la garantía de que cada peso volcado en sus bolsillos irá a parar de inmediato a la compra de bienes y servicios. Jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de asignación universal, todos sin excepción se limitaron a alimentarse, a duras penas, en los últimos años. 

El costo fiscal de ponerles $10.000 en la mano en diciembre y enero a cada jubilado, más los $4.000 para AUH en el mismo bimestre, se podrá compensar con creces con repunte de ventas en ocasión de las fiestas de fin de año y, en consecuencia, también con una mejora en la recaudación de los impuestos relacionados con el consumo. Ahí muerden también las provincias, a través de Ingresos Brutos, ahora sí liberado tras la sepultura del pacto fiscal heredado del macrismo.

La duda lógica, legítima, desapasionada y racional, gira en torno del éxito o el fracaso de este paquete de medidas que, como su nombre lo indica, está diseñado para la emergencia. Aunque el ministro de Economía de Nación, el prestigioso Martín Guzmán, sostenga que es un "plan consistente", tendrá que respaldar sus palabras con resultados. Y nuevamente, aunque parezca una alegoría del pasado, habrá que esperar al segundo semestre para verificar las metas alcanzadas.

El proyecto incluye, además del congelamiento tarifario por seis meses, la suspensión de la ley de movilidad previsional que dejó Cambiemos, por el mismo plazo de 180 días. La promesa albertista, ratificada por su ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ayer ante los diputados, es que habrá en el medio un aumento por decreto. Pero el temor es que no alcance a todos los jubilados, sino únicamente a los que menos ganan.

Otra vez, se trataría de una acción solidaria exclusiva para ese segmento más postergado, pero abriría la puerta a nuevos reclamos judiciales de beneficiarios del sistema que se quedan afuera de la mejora. Ya pasó en la historia reciente y terminó sentando posición la Corte Suprema en el caso Badaro, a favor de los reclamantes. Es lícito preguntarse si el albertismo está preparando el terreno para la segunda avalancha de demandas.

Todo esto, apenas una parcialidad de un proyecto enorme y muy abarcativo, debe ser entendido en el marco del  mensaje político que pronunció hace poco más de una semana el presidente, en el Congreso de la Nación, tras prestar juramento. Es la materialidad de la "solidaridad en la emergencia". Que es mucho más que soportar el recargo del dólar para compras en el exterior o para atesorar. Mucho más que la actualización de las retenciones al campo de la Pampa Húmeda.

Es o intenta ser, un paño frío. Tomándole la palabra al ministro Guzmán, buscan evitar la emisión monetaria y mantener los canales de diálogo abiertos con el Fondo Monetario Internacional. Nadie dijo que fuera fácil, sobre todo si en la ecuación entra el plato de comida de los 40 millones de argentinos y de argentinas.

Es prácticamente una certeza que Fernández tendrá la ley que necesita. No cabe negarle la herramienta inicial para la administración que imagina el presidente cuando recién empieza a desplegar su plan de gobierno. Que no parezca una alegoría del pasado: habrá que esperar al segundo semestre, para recién entonces evaluar los primeros pasos de Alberto. 

JAQUE MATE