OPINION

El otro modelo

Contra la corriente nacional de avanzar en una flexibilización laboral, en San Juan el gobierno ajustó las riendas y va por el blanqueo total de taxistas y remiseros.
viernes, 19 de julio de 2019 · 11:41

Por Daniel Tejada
Canal 13 San Juan

Hace apenas unos días, el empresario de la Cámara de la Construcción Julio Crivelli, se despachó con una libertad discursiva notable. "Necesitamos poder despedir sin causa en industrias y comercios", dijo sin rodeos. Antes había dicho algo parecido el cafetero Martín Cabrales. 

El criterio empresario -de estos empresarios- es que la productividad en la Argentina es muy baja porque no existe meritocracia. Entonces, podría presumirse que el mayor mérito no solamente estaría dado por los mejores rendimientos en productividad, sino también al menor costo posible. De esa ecuación, en definitiva, sale la rentabilidad. No hace falta mucho detenimiento para entenderlo en su plenitud.

Los empresarios le ponen nombre y apellido a esa consigna de la reforma laboral que en los '90 se llamaba modernización y que para la jerga sindical se traduce, en criollo, como flexibilización. Menores costos laborales implican, al mismo tiempo, mayor facilidad para rotar personal. Esto, siempre y cuando sea época de empleo abundante. Sin embargo, queda el temor fundado de que cualquier toquecito en la legislación podría significar un retroceso de derechos.

El gobierno de Mauricio Macri no está haciendo campaña con la reforma laboral, como tampoco lo está haciendo con la reforma previsional. Sin embargo, hay compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional que contienen ambos asuntos, así a modo de título. Claramente para avanzar en esa materia, primero habría que construir un enorme consenso político. No fue el caso de la reforma de la movilidad jubilatoria, a fines de 2018.

Contra esta corriente nacional reformista, el gobierno de San Juan está dando pasos en firme y se notó esta semana en el ámbito de los laburantes del volante. Con instrucciones del propio Sergio Uñac, la Subsecretaría de Trabajo emplazó a los titulares de licencias de taxis y remises que tienen autos manejados por virtuales empleados en negro, a que los registren en relación de dependencia.

El tiempo final es de 60 días, terminando a fines de agosto o principios de septiembre. La idea original fue emitir tantas licencias como fuera necesario, previo cumplimiento de una serie de requisitos, para que todo aquel que estuviera trabajando fuera de regla pudiera encuadrarse en la ley. Uñac entregó unos 500 permisos de este tipo.

El paso siguiente es ir por los propietarios de flotas de autos autorizados, que fueron acumulando licencias con el paso del tiempo, para que sinceren la relación laboral con los trabajadores, hoy desprotegidos desde todo punto de vista. 

No tienen obra social, ART, aportes jubilatorios ni seguro de vida. Es trabajar al día, lo comido por los servido, previo pago del alquiler del auto y de la licencia. Después, recién después, el peso que puedan ganar irá para poner la mesa en casa.

Hubo una reunión áspera este jueves con propietarios de taxis y remises, porque obviamente el negocio tendrá que redefinirse. La contracara del trabajo regulado es la resignación de ganancias. Es la frazada corta. 

La diferencia entre la mirada nacional y la mirada provincial es el rol del Estado. En un caso, desregula para liberalizar el mercado y que sea lo que tenga que ser. En el otro, interviene para equilibrar los tantos y proteger al eslabón más frágil. Tampoco hace falta mucho esmero para entenderlo. Al fin y al cabo, es una pelea vieja. Tan vieja como la historia de las conquistas sociales.


JAQUE MATE


 


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