Una coparticipación de malestar

Podría uno interpretar, sin temor a equivocarse, que el gobierno nacional está transfiriendo a los gobernadores algo del malestar que se manifestó en las urnas el 11 de agosto, cuando solamente el 32% de los argentinos acompañó al presidente Mauricio Macri en las urnas. El problema de fondo, más que el despliegue de una estrategia electoralista, es que las provincias quedan en una situación precaria y, por primera vez, se habla de poner en riesgo la paz social.

Así quedó plasmado en el documento que firmaron este miércoles en el CFI 18 mandatarios provinciales, entre ellos el sanjuanino Sergio Uñac. Los gobernadores plantearon que se pone en riesgo el pago de gastos corrientes, como los salarios estatales y el sostenimiento de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

No es muy difícil de entender. A las arcas nacionales entrará una recaudación más importante por la enorme devaluación del peso. Por el cobro de derechos de exportación, en vez de entrar 45 pesos por cada dólar ingresarán casi 60 pesos. La diferencia está a la vita y, en moneda nacional, el salto de recursos será innegable. 

Por eso resulta muy llamativo que Nación haya echado mano justamente a los impuestos que componen la coparticipación federal, es decir los fondos que llegan a las provincias, para intentar amigarse con los electores enojados y desencantados, que le dieron la espalda en las primarias presidenciales. Elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, resta fondos para las provincias. Ídem con la eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica.

Por supuesto los gobernadores no podrían ir en contra de ambas decisiones porque son alivios para la asfixia económica que padecen los argentinos hace tiempo y que se agravó con la escalada del dólar. Sin embargo, el punto central aquí es que Nación cosechará las mieles de los anuncios, sin mencionar que una buena parte va por cuenta forzosa de los 24 distritos federales. Es como hacer una vaquita para comprar un regalo, pero después la tarjeta está firmada por uno solo de los aportantes.

Este razonamiento es el que lleva a pensar que el macrismo está coparticipando malestar con las provincias. La mayoría está gobernada por el peronismo y apoyó al candidato Alberto Fernández en el primer tramo de la campaña, como hará rumbo a las generales del 27 de octubre. Entonces, detrás de las medidas de alivio, presentadas como tales, parece emerger cierta intención de complicar políticamente al colectivo rival. No parece una conclusión demasiado sofisticada, ni improbable.

Con notable claridad, lo expuso el intendente de Capital, Franco Aranda, ayer en Banda Ancha. "Aquí nadie va a ganar. Pero que todos perdamos en la misma medida", dijo el jefe comunal, haciéndose parte del ajuste que les cae también a los municipios por efecto derrame. Si la provincia recibe menos fondos coparticipables, los 19 departamentos correrán idéntica suerte.

Queda una última observación por hacer y es la herencia para el próximo presidente de la Nación. De no existir una compensación para las provincias, como demandan los gobernadores, el paso siguiente será acudir a la Justicia para exigir por esa vía la declaración de inconstitucionalidad de las medidas macristas, por haber afectado fondos intangibles que no le pertenecen, de manera inconsulta. Por supuesto la tramitación terminará en la Corte Suprema y la resolución final se extendería en el tiempo, convirtiéndose en una bola de nieve. El tiempo, siempre jugará a favor del gobierno actual de Cambiemos.

Todavía hay chances de que esta lógica sea apenas un malentendido. Un producto de la desesperación por recomponer las posibilidades electorales, sin el ánimo de confrontar con las provincias. Aún se puede llegar a un acuerdo para compensar los fondos recortados. Si no ocurre, entonces no quedarán dudas. Lo que hubo fue una coparticipación de malestar.

JAQUE MATE