El precio a pagar

Fue tan traumática la experiencia de la crisis de 2001 y 2002, que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de José Luis Gioja, fue impulsar la creación del Fondo de Reserva Anticíclico. Básicamente, dos grillas salariales estatales completas depositadas en el banco, para tener ese recurso disponible en caso de emergencia. La provincia venía de acumular hasta cuatro meses de sueldos impagos, con todo lo que ello implica para el circuito económico interno.

La Ley del Fondo de Reserva Anticíclico se sancionó en el año 2004 y desde entonces nunca fue necesario acudir a ese salvavidas. La provincia construyó un sólido equilibrio fiscal que incluso le permitió superar estoicamente los avatares del macrismo. Mientras Buenos Aires o Mendoza, por ejemplo, tuvieron que emitir deuda para financiar sus gastos corrientes, San Juan garantizaba la cláusula gatillo y salía al rescate de obras públicas nacionales paralizadas, poniendo fondos propios.

Respiró aliviado el gobernador Sergio Uñac cuando en octubre del año pasado se consumó el cambio en las urnas y Alberto Fernández resultó electo. El flamante presidente llegaba con un desafío inmenso, un virtual default, inflación galopante y el 50 por ciento de la capacidad productiva paralizada por la caída crónica del consumo interno. Había plan para reactivar paulatinamente, a partir de la reestructuración de la deuda.

Pero nada de eso ocurrió. Sin que apareciera en el radar de nadie para tomar una medida preventiva, se abalanzó la pandemia y, como el miedo no es zonzo, se activó de inmediato la cuarentena más restrictiva de la que tenga memoria la República Argentina. Hubo una conquista parcial, porque se logró achatar la curva de contagios mientras en otras naciones provocaba estragos. Pero también se pagó el alto costo de una economía aplastada.

Los primeros en sentir el impacto de la cuarentena fueron los trabajadores autónomos, que viven al día y de la noche a la mañana se quedaron sin recursos. Para ellos se diseñó el Ingreso Familiar de Emergencia, pero su implementación fue desesperantemente lenta. 

El golpe en los autónomos también sacudió a las pymes. El siguiente escalón fue el salario de los trabajadores en relación de dependencia. Para preservar su puesto laboral, los sindicatos acordaron recortes salariales de hasta el 30 por ciento. Y fue presentado como una conquista, como el mal menor. 

En este vendaval, los estatales pudieron mantenerse indemnes. No solamente cobraron sus haberes de manera íntegra y en una sola cuota, a diferencia de, por ejemplo, los empleados de comercio, sino que recibieron las cuotas de aumento acordadas en la paritaria 2020. 

El costo de la pandemia para el Estado fue cerrar el mes de abril en rojo. Un déficit de 3000 millones de pesos que la provincia tendrá que financiar tomando deuda o emitiendo títulos públicos, a través de una ley que aprobará este jueves la Legislatura. La coparticipación federal se derrumbó en abril el 40 por ciento y la recaudación local también cayó al abismo. Los recursos, por primera vez en 16 años, no alcanzaron.

Por eso vale recordar la génesis del Fondo de Reserva Anticíclico, que la ministra de Hacienda, Marisa López, admitió están pensando activar aunque sea parcialmente. Desde la emergencia de 2001-2002, San Juan no enfrentaba un cuadro tan dramático.

En este contexto, se produjo el anuncio de una medida impopular. Incumplir el acuerdo paritario, suspendiendo los aumentos firmados para mayo y junio con los estatales, solo puede cosechar malestar. Por eso la estrategia del gobierno fue acordar apoyo con los dirigentes sindicales. Al unísono, desde Pepe Villa hasta Luis Lucero acompañaron la medida. Incluso pagando el costo de compartir el desgaste.

Uñac no mandó a la ministra López a hacer un anuncio de esa envergadura en soledad. Eligió un medio televisivo de Buenos Aires para poner él mismo la cara, anticipando la medida. Está parado sobre un alto nivel de aprobación de gestión, que incluso creció durante la administración de la cuarentena, según dijo días atrás en Banda Ancha el encuestador Antonio De Tommaso.

Siempre hay opciones. Y frente a las alternativas, sobreviene la decisión política. Es lo que acaba de hacer Uñac. La ministra López lo manifestó con visible consternación en el cierre de su ingrato anuncio: 

"Los números en rojo significan para nosotros haber cuidado la salud y fundamentalmente la vida".

Es el precio. A nadie le resultará gratuito.

JAQUE MATE