Las casas del IPV y el arroz con huevo

Tuvo tono de sentencia el interventor del IPV, Marcelo Yornet, este miércoles en Banda Ancha, cuando tuvo que contestar acerca de la propuesta empresaria, de involucrar al instituto en la construcción de viviendas no solo para familias que carecen de un techo propio sino también para personas que van por su segunda o tercera propiedad, con el fin de generar una inversión inmobiliaria.

"El IPV trabaja para la gente que tiene necesidad de vivienda. En ningún momento el IPV va a hacer una vivienda para un inversor. Eso hay que aclararlo muy bien", dijo textualmente el funcionario que tomó las riendas de esta sensible repartición pública. A diario soporta la demanda de decenas de miles de familias imposibilitadas de acceder a su propio hogar si no es con la asistencia del Estado.

Lanzada así la respuesta, pudo sonar cortante para el arco empresarial que le presentó la idea al gobierno de la provincia en el marco del Acuerdo San Juan. El diálogo fue convocado específicamente para escuchar con amplitud todas las propuestas que permitan poner en funcionamiento rápidamente la economía tras la salida de la cuarentena. Sin embargo, poner al IPV al servicio del negocio inmobiliario iría en contra de su ley de origen. Peor aún, sería una contradicción con la filosofía que le dio razón de existir.

El problema es un poco más profundo y excede ampliamente a la provincia. El sistema financiero argentino, montado en el juego de las tasas de interés exorbitantes, combinado con una inflación galopante que siempre deja los ingresos familiares en el atraso, alejan el sueño de la casa propia a cualquier trabajador. No hay crédito hipotecario privado. Y en los fugaces momentos que existió, fue apenas para un puñado de postulantes de ingresos elevados. La mayoría siempre quedó excluida.

Entonces el IPV, que se abasteció históricamente con los fondos FONAVI, tuvo que absorver no solo las necesidades de las familias de escasos recursos sino también los sectores medios. Es decir, grupos que tienen ingresos, que pueden pagar una cuota razonablemente proporcional a su entrada de dinero, pero no tienen chance alguna de acceder a la propiedad privada. Terminan condenados a décadas de inquilinato.

La ¿influencer? Mayra Arena, una lúcida joven nacida en la Villa Caracol, en Bahía Blanca, que saltó a la popularidad en 2018 con su relato personal sobre la pobreza, definió la ley de alquileres con autoridad. "No me quieras hacer festejar una ley de alquileres, porque el arroz con huevo no se festeja, se lo come callado mirando la tele y pensando en cualquier otra cosa", escribió en sus redes sociales. El sentido, claro está, tiene que ver con el problema transversal, con la imposibilidad de llegar a la vivienda propia y con el parche emanado del Congreso Nacional para salir del paso.

Cuando el IPV se enfrenta a un déficit habitacional que sigue aumentando al ritmo del crecimiento poblacional, que apenas se reduce cada vez que se entrega un nuevo barrio con inversiones millonarias, mirar para el costado y convertirse en un eslabón del negocio inmobiliario puede sonar inaceptable.

Sin embargo, la lógica del Acuerdo San Juan es tomar las iniciativas y compatibilizarlas con el plan de gobierno, para que se transformen en políticas de Estado. Esa fue la consigna que expuso el gobernador Sergio Uñac desde el inicio. Por eso Yornet suavizó su rechazo y abrió otra puerta para los empresarios interesados en operatorias público-privadas, que se saquen de encima la limitación de construir únicamente viviendas únicas y familiares.

El interventor del IPV admitió en Canal 13 que puede existir otra posibilidad para que se trabaje en esa línea, para que haya un crecimiento de la obra pública, con la consecuente generación de empleo, con una hipoteca de por medio y con aportes esencialmente de inversores privados. Se podría realizar, es factible, pero nunca bajo la órbita del instituto.

Son tiempos extraños, distorsionados por la pandemia y la imperiosa necesidad de dibujar un nuevo horizonte. Para darle forma, se convocó al Acuerdo San Juan. Algunas intenciones sectoriales podrán prosperar, otras quedarán en el camino. Lo que jamás podría ocurrir, es olvidar aquella consigna original que sentó Uñac, acerca de imaginar una sociedad equitativa e inclusiva. Si el crecimiento no contempla a todos, especialmente a los que más lo necesitan, terminará implosionando. Hay ejemplos de sobra. La pandemia terminó de desnudarlo por completo.

JAQUE MATE