Es un escándalo

Hay una manera sencilla de entender la asimetría, la desigualdad en la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros. No es un tema estrictamente de interés empresario o de choferes de colectivos, sino que afecta directamente a los usuarios. Los números son prueba suficiente.

Como se sabe, en San Juan la tarifa inicial de colectivos para hacer un viaje urbano es de 29 pesos. Es la llamada primera sección. El mismo viaje en el área metropolitana de Buenos Aires o AMBA, cuesta 18 pesos. ¿Por qué existe esa semejante diferencia? Básicamente porque los sucesivos gobiernos federales fueron mucho más atentos con el ombligo de Argentina y le dieron la espalda al resto del país. También a San Juan.

Gracias a los aportes que hizo la provincia con recursos propios, la tarifa de colectivos aumentó en marzo pasado de 22 a 29 pesos. En otros distritos la cosa terminó peor. Según la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, en la mayoría de las jurisdicciones el boleto ronda los 50 pesos. El origen de la asimetría es siempre el mismo: el volumen de los subsidios, direccionados siempre por ahí cerca del Obelisco.

De 20.000 millones de pesos destinados originalmente para subsidiar el transporte público de pasajeros en 2021, el 85 por ciento es para el área metropolitana de Buenos Aires. Y el 15 por ciento restante es para todas las provincias argentinas, incluida San Juan. Esta es la asimetría brutal que era peor en la gestión de Mauricio Macri. El reparto en la era Cambiemos era del 98 por ciento para el AMBA y el 2 por ciento restante para el interior del país. Una lágrima.

Tras la muerte de Mario Meoni, el nuevo ministro de Transporte de Nación, Alexis Guerrera, firmó un refuerzo de 4.000 millones de pesos exclusivamente para las provincias. Fue en junio, cuando estallaba por todos lados el conflicto de la UTA. Los choferes exigían una mejora salarial imposible de pagar con la rentabilidad empresaria afectada por la pandemia. Si a eso se le sumaba el trato discriminatorio de los subsidios nacionales, resultaba un cóctel de paros por todo el país. Eso sí, con la tranquilidad de que en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores no iba a pasar nada. Era un problema del interior.

El refuerzo de 4.000 millones de pesos dispuesto por Guerrera fue bienvenido. Pero la realidad es que los subsidios al transporte público de pasajeros sigue siendo discrecional. Depende del funcionario de turno y de la presión que puedan hacer las provincias circunstancialmente. Dicho en otras palabras: es una bomba de tiempo. Apenas se logró evitar el estallido esta vez.

Por eso se convocó en la Casa de San Juan en Buenos Aires una cumbre de provincias para empezar a incubar un proyecto de ley que fije las pautas desde el Congreso de la Nación. De ese modo, gobierne quien gobierne tendrá una normativa específica con mirada federal para coparticipar con parámetros objetivos los subsidios al transporte público de pasajeros.

Valga la aclaración: no es un invento argentino esto de abaratar la tarifa de colectivos y trenes, donde los haya todavía, sino que es una política de carácter internacional. Los estados hace tiempo decidieron que es mucho mejor estimular el uso del transporte público antes que el desplazamiento en movilidades particulares, por una cuestión de carácter ambiental y también por el colapso de las ciudades, atestadas de vehículos sin lugar para estacionar, por ejemplo.

En Buenos Aires los usuarios pueden optar por los colectivos, por los trenes e incluso por el subterráneo, dependiendo del lugar por donde se desplacen. En San Juan por el momento sólo existe el colectivo, con todas las falencias históricas, demoras, recorridos incompletos y algunas unidades de dudoso mantenimiento. Todos estos inconvenientes deberían quedar resueltos con la implementación de la Red Tulum. Al menos así está prometido.

La rentabilidad empresaria está garantizada en San Juan con fondos provinciales y con el aporte de subsidios de Nación, pero la ATAP viene pidiendo hace tiempo una suba sustancial en la tarifa. Las restricciones impuestas por el Covid 19 redujeron drásticamente el flujo de pasajeros desde marzo de 2020 en adelante. Hoy, con la curva de contagios totalmente aplanada y esperando la tercera ola, sigue limitada la cantidad de personas que viajen de pie, además de los que vayan sentados. 

La antigua normalidad, esa de colectivos repletos hasta los estribos, todavía está muy lejana. Pero la inflación sigue su marcha. Sube el precio de los combustibles, de los lubricantes y de las autopartes. A ese combo de costos se suman los salarios. La UTA es uno de los sindicatos más fuertes y combativos en todo el país, con el poder de paralizar el servicio por completo y de afectar otras actividades, en tanto y en cuanto se detiene la principal forma de traslado de los trabajadores y las trabajadoras.

La solución a este corset es aparentemente una mejor distribución de los subsidios nacionales, que hoy está impúdicamente direccionada a mantener el equilibrio en el AMBA. No por nada allá se viaja por 18 pesos y aquí por 29. Es un escándalo.

JAQUE MATE