El delicado juego de intereses detrás de Josemaría

Le toca al megaproyecto minero Josemaría ser el mascarón de proa de una nueva etapa en San Juan. Veladero fue fundacional. Con él arrancó la megaminería, con polémica, beneficios económicos y un fuerte aprendizaje: cuando se relajan los controles las cosas salen mal. Pero a Josemaría le toca ahora introducir a la provincia en la era del cobre. Será otra escala. Difícilmente se pueda tomar real dimensión de ello hasta que comience la construcción. Eso no sucederá de un día para el otro. Ni estará exento de intereses cruzados.

Este lunes el ministro de Minería, Carlos Astudillo, tenía previsto encontrarse sobre su escritorio el Informe Final Único (IFU), que es nada menos que el documento elaborado por los técnicos del gobierno encargados de desmenuzar hasta la última coma del Informe de Impacto Ambiental presentado por Josemaría. Hechas las correcciones, salvadas las observaciones, la empresa tendrá finalmente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para poner la piedra basal.

Ese sería el cuento corto. Nunca fue así de sencillo ni lo será en esta ocasión. Luego de la DIA vendrán los permisos sectoriales. En paralelo, estará el marco tributario que Josemaría cuestiona a punto tal de condicionar la inversión. Ya plantearon, en nombre de las empresas cupríferas que tienen intención de invertir en el país, que antes de hacer el desembolso necesitan un compromiso escrito de Nación acerca de un par de cuestiones.

Esperan mayor libertad para girar divisas al exterior. Hoy Argentina tiene fuertes restricciones. También piden más agilidad para disponer del crédito fiscal por el IVA que les concede la Ley de Inversiones Mineras. En definitiva, las mineras, con Josemaría a la cabeza, plantearon públicamente que sin estas garantías las inversiones podrían quedar en punto muerto. 

Está el recurso metalífero, el precio internacional del cobre es muy bueno y tiene mejor proyección aún, hay o habría vocación de avanzar por parte del sector privado, pero las reglas del juego generan desconfianza. Josemaría salió primero con este planteo, pero el fin de semana pasado se sumó el proyecto Los Azules vía Diario de Cuyo. Es una acción corporativa sectorial.

No es algo nuevo, en absoluto. Ya surgió el planteo durante la convocatoria al Acuerdo San Juan, en la mesa minera. El gobierno de la provincia se comprometió a hacer las gestiones pertinentes ante Nación. Precisamente por ese antecedente es que el Poder Ejecutivo de San Juan recibió de mala manera el lobby empresario ante Nación. Nada de lo que suceda en materia minera en el territorio sanjuanino debería escapar de la gestión de Sergio Uñac. Ni debería correr al margen de los intereses locales. Que las multinacionales intenten puentear a la provincia resulta, mínimamente, antipático.

Con recato, el ministro Astudillo sentó esa posición en Banda Ancha este lunes. El funcionario dijo que San Juan necesita de Josemaría como de cualquier otra inversión productiva, pero el costo no lo define el empresario sino el pueblo de la provincia.

El funcionario uñaquista destacó que San Juan hoy se ofrece a las grandes mineras como un territorio fértil para hacer inversiones, entre otros asuntos porque la sociedad ya superó el debate de minería sí o minería no. Es minería con condiciones estrictas que permitan la coexistencia con el ambiente. El derrame de solución cianurada por caños faltos de mantenimiento en Veladero fue más que suficiente para entender que no se puede repetir. Mucho menos en Josemaría que construirá el primer dique de colas de la provincia.

El muro del dique de colas de Josemaría debió ser reformulado en términos de ingeniería para tener mayor tranquilidad en zona sísmica. 'Tenemos que hacer  las cosas bien para que este proyecto sea compatible con el ambiente y con el futuro de los sanjuaninos', insistió Astudillo. Y reiteró: 'las condiciones las pone la sociedad'.

Las condiciones políticas, económicas y sociales hicieron que San Juan hoy concentre el 55 por ciento de las inversiones en exploración minera de toda la Argentina. En un mapa marcado por la potencialida geológica pero también por la conflictividad, San Juan se destaca del resto. No es gratuito que las empresas opten por este tramo de la cordillera que arranca en Iglesia y termina en Calingasta.

Pero la provincia está inserta en un contexto nacional difícil. Las restricciones a las importaciones están impactando hace tiempo, por ejemplo, en el ingreso de neumáticos para la actividad minera. Es uno de los reclamos más frecuentes en el despacho de Astudillo. La respuesta oficial en el Centro Cívico es que no les corresponde a las empresas salir a marcar la cancha. En el Acuerdo San Juan se convino que será la provincia la encargada de hacer las gestiones ante Nación, como de hecho está sucediendo. El lobby igualmente está a la vista.

Josemaría ha dado pasos en concreto. Ha adquirido un predio importante en el Parque Industrial de Albardón para sentar ahí la base de operaciones del campamento minero. Ha mudado recientemente sus oficinas del centro capitalino a Santa Lucía, donde el espacio es mucho mayor y el movimiento también. La construcción de la mina demandaría más de 3.000 millones de dólares y ese monto pondrá a San Juan en la cúspide de inversiones de todo el país por todo concepto.

Pero Josemaría también impactará en la demanda de trabajadores. Se estima que serán unos 4.000 empleos en etapa de construcción. Y se sabe que esa cifra debe multiplicarse por 4 para estimar los empleos indirectos. 

Josemaría prácticamente duplicará la energía que hoy consume la provincia. Duplicará la cantidad de exportaciones también, según la información extraoficial que empezó a divulgar la empresa. Aún así no está todo dicho.

Más temprano que tarde estará la DIA. Y será un momento clave para contar la historia de Josemaría. Pero no será suficiente. Todavía quedarán varias vueltas de rosca por delante. Y un delicado juego de intereses no resueltos.

JAQUE MATE