Al final la respuesta no estará en Tribunales sino en la política

Parece razonable para la oposición empezar a medir escenarios electorales con nuevas reglas, aún bajo protesta, porque es altamente posible que les toque jugar con la nueva Ley de Lemas. Algo de eso puede estar sucediendo por estas horas. Mientras por un lado patalean contra la avanzada del oficialismo, por el otro empiezan a valorar las estrategias más convenientes para no perder competitividad.

Porque con lemas o con cualquier otra modalidad, habrá votación el año próximo en San Juan para repartir el poder de los próximos cuatro años. Declararse disconformes con el sistema electoral y sentarse a deshojar la margarita mientras aguardan el veredicto de la Justicia sería tanto como entregarse desde el arranque. Y no es el caso.

Este miércoles se consumó el primero de los dos pasos necesarios para instaurar el nuevo régimen electoral bautizado como SIPAD: Sistema de Participación Amplia Democrática. Es en realidad una nueva versión de la Ley de Lemas que posibilita la transferencia de votos entre distintos candidatos que comparten la misma agrupación.

En sesión especial la Legislatura trató la abrogación de la Ley 613 N, que imposibilitaba cualquier reforma electoral porque imponía un plazo de 18 meses de antelación a la fecha del comicio, como mínimo. Habiendo vencido ya ese periodo obligatorio, la única manera de hacer un retoque a las reglas de juego era derribar esa barrera. Para ello era necesario el voto de dos tercios de los diputados y diputadas. El oficialismo y aliados tenían número sobrado. Como se preveía, fue un trámite. Ruidoso, por el calibre de las intervenciones, pero trámite al fin.

Eliminada la ley 613 N, este jueves en sesión ordinaria se tratará y se aprobará el nuevo sistema electoral que reemplazará a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El SIPAD permitirá, según el oficialismo, que participen cuantos candidatos quieran sin que la gente tenga que ir a votar dos veces. Para Juntos por el Cambio, la transferencia de sufragios esconde una trampa. Es una discusión larga que terminará en Tribunales.

Sin embargo, el ejemplo de Santa Cruz que usa a menudo la oposición para desalentar la Ley de Lemas es al mismo tiempo un antecedente a favor del oficialismo, porque la Corte Suprema reconoció la autonomía de la provincia patagónica para dictarse a sí misma su sistema electoral. Habrá igualmente batalla judicial. Así lo anunció Marcelo Orrego, erigido definitivamente como líder de la oposición.

Sin embargo y como ya se dijo antes, sentarse a esperar el veredicto de los jueces de cada instancia y el laberinto de apelaciones previsible, sería desatender la política propiamente dicha. Y los tiempos apremian. A este año apenas le queda el último trimestre y un puñado de días. Hace tiempo que el gobernador Sergio Uñac confirmó que su intención es desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Hay muchos indicios de que el calendario podría arrancar tempranamente en 2023.

El momento de definir estrategias es ahora. Incluso bajo protesta. Incluso rebelándose contra la Ley de Lemas o SIPAD. En ese sentido ya se expresó el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, la semana pasada en Banda Ancha, al decir que no puede descartar que deba competir como candidato a gobernador a la par de Orrego. 

Este martes también en Canal 13 el diputado actuarista Gustavo Usín dijo que se sienten confiados en la victoria, independientemente del sistema electoral que se encuentre vigente el año que viene. No lo reconocen abiertamente hacia afuera, pero en los ensayos preliminares se ven obligados a fabricar interna donde no la tienen. La naturaleza de la Ley de Lemas impone presentar muchos candidatos por categoría, porque gana el que más suma.

En este marco se filtró otra arista que hasta ahora no se veía venir: la posibilidad de que los municipios gobernados por Juntos por el Cambio desdoblen las elecciones, se separen del calendario provincial y vayan en simultáneo con las nacionales. Es factible en términos constitucionales. Es apenas un borrador, pero salió de boca del presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Juan de la Cruz Córdoba, uno de los más estrechos colaboradores del intendente Martín.

Para el municipio no tendría costo alguno, porque al votarse por intendente y concejales el mismo día que para presidente, senadores y diputados nacionales, los gastos correrían por cuenta de Nación. Para Juntos por el Cambio sería una jugada con doble filo. Por un lado, apostarían a la ola amarilla que prevén pueda explotar el año que viene. En un país tan dinámico como Argentina, proyectar con tanta anticipación es una lotería.

Por otro lado, despegarse de las elecciones provinciales podría repercutir negativamente en el aporte de votos para el proyecto de Orrego gobernador. A todas luces esa debiera ser la apuesta mayor de la alianza. La lógica nunca será salvar un municipio a costa de perder el comicio más grande. Sobre todo cuando Juntos por el Cambio siente que está la moneda girando en el aire como nunca antes en los últimos 20 años. No hay resultados cantados.

Entonces, parece razonable para la oposición empezar a medir escenarios electorales con nuevas reglas, aún bajo protesta porque no les gusta la Ley de Lemas. Llevarán la cuestión a la Justicia, así lo anunciaron. Pero en paralelo van a activar cada resorte posible. Porque llegará el punto en que la respuesta no estará en Tribunales sino en la política. En la versión más clásica de la política.

JAQUE MATE