El costo de restaurar la paz social

No fue clarividencia cuando este miércoles, en esta misma columna de opinión, se planteó la cuestión de la enorme brecha salarial que separa a los docentes entre ellos mismos. El contraste era y es evidente. Ahí decidió atacar el gobierno de Sergio Uñac, como nueva estrategia para desarmar el paro que está cumpliendo su cuarta semana consecutiva.

Los educadores que se encuentran en la base de la pirámide pelean por llegar a los 100.000 pesos de bolsillo, mientras los que se encuentran de la mitad para arriba superan holgadamente los 400.000 pesos y pelean contra el Impuesto a las Ganancias. Son dos realidades absolutamente diferentes.

Esa relación tan dispar empezó a fisurar la causa de los autoconvocados, a punto tal que algunos plantearon una discriminación: pidieron que la mejora llegue solo a los que menos ganan. La única manera de intervenir solamente en la base de la pirámide salarial sin seguir mejorando a los de arriba era con una suma fija. Fue finalmente la propuesta de la ministra de Hacienda, Marisa López.

Y no fue ninguna originalidad, en absoluto. La receta de ponerle billetes extra a los que menos ganan, como una medida extraordinaria, viene siendo utilizada por ANSES reiteradamente. Así las jubilaciones mínimas recibieron bonos por afuera del índice de actualización que impactó en el resto de los haberes previsionales.

En tiempos de crisis, las decisiones siempre serán excepcionales. Aún a riesgo de achatar la pirámide salarial, que para los sindicatos suele ser mala palabra. Quebrar esa relación entre los que recién empiezan y los que ya hicieron carrera, que se traduce en un mejor ingreso mensual, es muy difícil de revertir con posterioridad.

Por eso los sindicatos siempre exhibieron la pirámide salarial como una conquista, donde el mérito, hacer carrera, tiene premio. Pero esta lógica queda absolutamente desencajada cuando la inflación supera el 100 por ciento anual y el sueldo de los docentes que están frente al aula termina aplastado a pesar de la paritaria.

Cada punto que se sube puede ser una migaja para los que menos ganan, mientras redunda en un aumento jugoso para los que están en la cúspide de la pirámide. El impacto en las finanzas públicas termina siendo enorme. El resultado se pudo palpar en las escuelas vacías por la protesta de autoconvocados.

Ni siquiera el descuento de los días no trabajados desalentó la medida de fuerza. Este miércoles se confirmó la liquidación de sueldos con la reducción por el ausentismo. Cuando cobren sus haberes el 1 de abril, muchos sentirán restas que podrían superar los 50.000, los 60.000 e incluso los 70.000 pesos. Habrá sido el costo de una lucha sin acompañamiento sindical.

La ministra López destacó el objetivo primario de garantizar el dictado de clases. Ese sigue siendo el punto central de todo este diseño salarial en medio de una crisis financiera fenomenal. Los ingresos por coparticipación cayeron en febrero con respecto a enero y la sequía devastó la cosecha de granos, con lo cual las provincias recibirán mucho menos de lo presupuestado originalmente para 2023.

Pero la estrechez de las finanzas públicas no es argumento para calmar los ánimos docentes ni mucho menos será motivo para dar por concluido el conflicto. Aunque pagar una suma fija y no remunerativa de 42.500 pesos a los que menos ganan sea 'presupuestariamente imposible' -así lo definió López- podría significar el alivio que muchos estaban esperando.

En dos palabras, esta suma adicional irá solo a los docentes que ganan menos de 180.000 pesos de bolsillo, para que todos ellos queden por encima de ese ingreso mensual. El anuncio comprenderá no solo a los trabajadores de la Educación sino a toda la administración pública, bajo el mismo criterio: que ningún estatal cobre menos de 180.000 pesos netos.

¿Es suficiente? Hay un parámetro concreto para responder esta pregunta. Según el INDEC, una familia tipo necesita 177.000 pesos para no ser pobre. Los salarios estatales sanjuaninos quedarán por encima de esa línea. Ese tal vez sea el mejor argumento del gobierno de Uñac para defender el esfuerzo y pedir la normalización del ciclo lectivo.

Lo que todavía no se informó y es altamente relevante, es el origen de los recursos. Si el acuerdo paritario con UDAP, UDA y AMET era el máximo esfuerzo, todo lo que vino después implicará restar partidas a otras áreas en el presupuesto provincial. La UOCRA encendió una pálida alerta ante la posibilidad de que haya una ralentización de la obra pública. 

El sindicato de Eduardo Cabello ya está soportando batucadas de obreros desocupados y desesperados por un puesto para llevar el sustento a sus familias. Habrá que mirar con detenimiento la evolución de esa verdadera olla a presión.

El gobierno quedó en una posición incómoda y sin mucho margen de acción más que conformar a la mayor cantidad posible de docentes. Aún cuando el costo sea destapar otro frente de protesta de un sector diferente que todavía no se vio. Por un lado está la urgencia de recuperar las clases. Por el otro, la sucesión de piquetes que incomodaron al sector privado.

Los cortes de calles céntricas afectaron al comercio, como el bloqueo del ingreso a Veladero generó malestar en los proveedores mineros. Son todos tan sanjuaninos como los docentes. Encontrar el punto de equilibrio para restablecer la paz social vale hacer un nuevo esfuerzo presupuestario. Incluso bordeando el límite del tan temido rojo fiscal.

JAQUE MATE