La maldita inflación y el final incierto

Si se aplicara a rajatabla el parámetro oficial del INDEC, todo salario por debajo de los 163.539 pesos condena a una familia a la pobreza. Por supuesto, esta suma no incluye el pago de alquiler. La cifra equivale a dos veces y media el salario mínimo vital y móvil. Pero el dato verdaderamente relevante es que es un número precario. Ya fue. Sirvió en enero. En marzo, vaya uno a saber.

Este es el contexto en el que están sucediendo las negociaciones paritarias tanto en el sector público como en el privado. Muy por encima de esa línea simbólica de pobreza que traza el INDEC, las cosas no son mucho mejores. 

Si los Precios Justos tienen un aumento pautado del 4 por ciento mensual y es lo mejor que puede ofrecer el Ministerio de Economía de Nación, ¿qué queda para el resto? Bueno, está a la vista. El impacto varía según el hogar. Los recortes en la vida doméstica dependerán de las estrategias de cada familia. Incluso estando holgadamente arriba de esos 163.539 pesos mínimos para la canasta básica.

Este es el marco en que está ocurriendo el conflicto entre el gobierno de la provincia y los docentes autoconvocados. Es imprescindible situar la controversia en esta coyuntura. Toda lectura que pretenda obviar este contexto partirá de una premisa equivocada. O interesada en confundir.

No obstante, el conflicto tiene otros componentes por añadidura. Uno de ellos es la crisis de representación de los sindicatos. Si UDAP, UDA y AMET firmaron una paritaria en nombre de los trabajadores y una parte (importante) de ellos por segundo año consecutivo sale a rechazar el acuerdo por insuficiente, algo está mal. Nada, absolutamente nada indicaba que esta vez sería diferente.

Si la protesta de los autoconvocados consiguió mejorar el acuerdo salarial en 2022 y, de yapa, logró zafar del descuento de los días de paro, ese fue el antecedente que alimentó la caldera en 2023. Pero primero, antes que todo, la inflación. No perderlo de vista.

El acuerdo arribado entre el gobierno y los sindicatos puede ser considerado bueno o malo, según quien lo analice y cómo impacte en su bolsillo. El bolsillo del Estado, por un lado. El bolsillo de los docentes, por el otro.

Sintéticamente, el acuerdo paritario consiste en ganarle a la inflación por al menos 5 puntos cada mes, partiendo de un incremento del 41,1 por ciento acumulado en el primer trimestre. Habrá una cláusula de actualización permanente. Y otras dos cuotas desde ya comprometidas para septiembre y noviembre, alcanzando el 71,1 por ciento total anual. 

Obviamente ese porcentaje es provisorio. Nadie espera que la inflación vaya a quedarse en ese parámetro tan conservador del 71 por ciento. Por eso opera la garantía de actualización permanente.

Los autoconvocados, en un amplio abanico de pedidos que incluyen tópicos como la cobertura de la Obra Social Provincia, reclaman que el aumento del 71 por ciento se haga efectivo de inmediato en marzo. Se toparon con la negativa del gobierno, fundada en un argumento delicado: el equilibrio fiscal.

Comprometer salarios por encima de las previsiones contenidas en el presupuesto podría terminar mal. Sucedió en los '90, cuando el entonces gobierno de Jorge Alberto Escobar recortó haberes estatales y hubo un estallido social. Sucedió el 26 de julio de 1995. Quedó registrado para la historia con el nombre de 'sanjuaninazo'.

Mantener las cuentas en orden ha sido la premisa desde el quebranto que afectó al gobierno de la Alianza. El compromiso de la coparticipación, puesta de garantía para la deuda externa en dólares, provocó la cesación de pagos. De todos. Incluidos los sueldos estatales. La asfixia le costó la destitución a Alfredo Avelín en agosto de 2002.

De aquella traumática experiencia quedó, por ejemplo, el Fondo de Reserva Anticíclico, que equivale a dos grillas salariales completas. Como su nombre lo indica, es un resguardo para tiempos difíciles que toma como parámetro los haberes de los estatales. El año pasado la provincia tuvo que poner plata adicional para mantener esa reserva, luego de los aumentos otorgados. 

La inflación distorsionó todo. Los rendimientos de ese fondo colocado en distintas inversiones financieras no alcanzaron para empatar la escalada de precios ni los acuerdos paritarios. Por lo tanto, hubo que agregar una inyección adicional de recursos para alcanzar las dos grillas salariales obligatorias. Lo informó a fines del año pasado la ministra de Hacienda, Marisa López.

El equilibrio fiscal es una preocupación del gobierno. ¿Por qué debería serlo para un docente o cualquier otro trabajador que ve volar los horneros de su mano cada vez con mayor velocidad? Evidentemente la cuestión necesitará otros factores para destrabarse, si eso fuera posible.

Por eso la ministra de Educación, Cecilia Trincado, apuntó a la racionalidad y al compromiso docente con los alumnos. Dijo que la oferta salarial está 'en el tope'. Lo que queda por delante es extender indefinidamente el conflicto o volver a las aulas para minimizar el impacto en los estudiantes. Generoso o miserable, suficiente o insuficiente, el aumento de sueldos se aplicará en la liquidación de marzo.

Para ello, tendrá que mediar la ingrata tarea del directivo escolar: informar novedades, es decir, blanquear ante el Ministerio de Educación quiénes estuvieron en el aula y quiénes en la calle. El descuento de los días no trabajados será importante. No ayudará a suavizar el malestar.

Más allá de las voluntades y de los múltiples intereses, está la maldita inflación. Esa carrera brutal impone las reglas de un juego delicado y con final incierto.

JAQUE MATE