Cristina deberá devolver $85.000 millones tras la condena
Luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner afronta ahora un decomiso de bienes por más de $84.800.000.
Con la condena judicial ya confirmada por la Corte Suprema en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no solo quedó inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos y recibió una pena de seis años de prisión, sino que también deberá afrontar un decomiso de bienes por $84.835 millones, según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en diciembre de 2022.
Este monto millonario, correspondiente al perjuicio económico que —según la Justicia— se generó con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, deberá ser actualizado a valores actuales y compartido entre los nueve condenados, incluida la exmandataria.
En paralelo, la declaración jurada de Cristina Kirchner al momento de dejar su cargo como vicepresidenta, al cierre de 2023, revela que declaró un patrimonio total de $249.421.220. La cifra representa un incremento nominal del 110% respecto al año anterior, aunque si se ajusta por la inflación anual de 2023 (133,5%), en realidad su patrimonio se redujo un 10% en términos reales, según cálculos técnicos.
Patrimonio
La mayor parte de los bienes declarados por Cristina Kirchner están concentrados en acciones de sociedades no identificadas. En total, esas participaciones suman $170 millones, distribuidos en 11 renglones sin detalle de las empresas involucradas. Según la declaración, esas inversiones ingresaron a su patrimonio en octubre de 2023, apenas dos meses antes de dejar la función pública.
Entre los pocos activos físicos que aún figuran en su poder, la exmandataria informó usufructos sobre dos propiedades: su departamento en Recoleta y su casa en El Calafate. Aunque ambas fueron donadas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en 2016, ella conserva el derecho a utilizarlas. Estos bienes están valuados en conjunto en más de $60 millones, bajo la figura de “derechos reales”.
En cuanto a otros bienes, declaró:
- Un Toyota Corolla Híbrido modelo 2023, comprado en julio de ese año, valuado en $15,3 millones.
- Cuatro cajas de ahorro en bancos argentinos con un saldo total de $1,74 millones.
- Bienes del hogar por $1,8 millones.
- Sin deudas ni dinero en el exterior.
Ingresos y gastos
Durante su último año en funciones, Cristina Kirchner informó ingresos por $97,7 millones, y gastos personales por $82,1 millones. A la fecha de cierre de la declaración, no tenía a su nombre inmuebles, ya que en 2016 transfirió por donación la titularidad de sus bienes a sus hijos, en una decisión que fue judicializada por presunta insolvencia fraudulenta para evitar medidas cautelares sobre su patrimonio.
Dos de las sociedades familiares vinculadas a Cristina Kirchner siguen bajo investigación judicial: Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, y Los Sauces S.A., una firma inmobiliaria. Ambas son eje de una causa por lavado de dinero y asociación ilícita, que ya fue elevada a juicio oral. Entre los inmuebles gestionados por Los Sauces figura el departamento donde actualmente reside la exvicepresidenta, en la calle San José al 1100, en la ciudad de Buenos Aires. Esa propiedad está embargada en otra causa judicial.
Investigación
En diciembre de 2023, la Cámara Federal reactivó una causa por supuestas irregularidades en las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, revocando un archivo anterior y ordenando continuar con la investigación. La última causa por enriquecimiento ilícito de la ex presidenta (2010–2014) había sido cerrada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos que llevaron adelante la instrucción del expediente Vialidad.
Ahora, con la sentencia firme y el decomiso como parte de la pena, la atención se centra en cómo responderá Cristina Kirchner —junto a los demás condenados— al reclamo judicial de resarcimiento económico, y si sus activos actuales alcanzan para cubrir siquiera una fracción de los casi $85.000 millones establecidos por la Justicia.