Este martes, el Gobierno nacional pondrá en marcha el Consejo de Mayo, el órgano institucional creado para transformar en iniciativas legislativas los compromisos firmados por el presidente Javier Milei y los gobernadores que adhirieron al Pacto de Mayo, rubricado el 9 de julio pasado en Tucumán.

La instancia, que se reunirá por primera vez a las 9 de la mañana en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, tendrá como eje inicial el diseño de la metodología de trabajo y el establecimiento de consensos mínimos entre los sectores representados. “Nunca se hizo algo así, así que el primer paso será definir cómo vamos a dialogar”, señalaron desde el entorno del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien liderará el espacio.

La mesa estará integrada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el sindicalista Gerardo Martínez (UOCRA); el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; y el empresario Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Se trata de un esquema que busca representar a sectores clave, aunque con interlocutores en general cercanos o dialoguistas con la gestión libertaria.

El Consejo tiene su base normativa en un decreto firmado por el presidente el 16 de julio de 2024, una semana después del Pacto de Mayo, que estableció los diez lineamientos políticos, económicos y sociales acordados con las provincias. Entre ellos se destacan el equilibrio fiscal, una reducción del gasto público al 25% del PBI, la reforma laboral, un nuevo sistema impositivo, la sostenibilidad del régimen previsional y una apertura comercial hacia el exterior.

No obstante, el armado del Consejo no estuvo exento de demoras y tensiones. La definición de los representantes se dilató por varios meses, y el clima con los gobernadores es tenso por los reclamos de fondos nacionales, la caída de la recaudación y la parálisis de obras públicas. De hecho, los mandatarios provinciales, sin intervención del Ejecutivo, avanzaron con un proyecto para redistribuir los ATN y recursos del impuesto a los combustibles, iniciativa que compite con la propuesta del equipo de Luis Caputo.

En ese contexto, el Consejo aparece como un intento del oficialismo por recuperar la iniciativa política y avanzar en reformas estructurales que requieren acuerdos más amplios. La participación de Gerardo Martínez, avalada con condiciones por la CGT, marca una apertura al diálogo con el sindicalismo, al tiempo que los representantes legislativos, Ritondo y Losada, garantizan una línea directa con el Congreso.

Sturzenegger, en tanto, enfrenta un límite temporal: en dos semanas perderá las facultades extraordinarias que le concedió la Ley Bases, lo que condicionará su margen de acción futura y obliga a acelerar el tratamiento legislativo de las reformas.

Con esta primera reunión, el Gobierno busca darle forma concreta a un espacio de articulación que permita avanzar en los compromisos asumidos el 9 de julio. Las próximas semanas mostrarán si el Consejo de Mayo logra transformarse en una herramienta eficaz para construir acuerdos o si queda atrapado en las tensiones políticas y fiscales del presente.