En medio de un contexto nacional complejo para los organismos de ciencia y técnica, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) San Juan vive días de lucha. Este jueves, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un pedido impulsado por la institución, en un gesto que fue recibido con emoción por todo el personal.

“Fue una jornada de profunda emoción para nosotros. Escuchar a más de diez diputados hablar de nuestra labor con tanto respeto, en un tiempo donde lo único que recibimos son golpes, fue muy gratificante”, expresó en Canal 13, Mónica Ruiz, bióloga y referente del INTA en la provincia.

Cabe mencionar que durante la jornada del jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó —con un amplio respaldo y sólo una abstención del bloque libertario— un Proyecto de Declaración que expresa su interés en conocer detalles sobre el proceso de ajuste anunciado por el Gobierno Nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El reconocimiento institucional llega en medio de un panorama alarmante: el organismo continúa funcionando con el presupuesto nacional del año 2023. Esto significa que, si no hay una actualización de partidas, el dinero disponible solo alcanzará para operar hasta octubre de este año. “Estamos maniobrando entre las sombras”, resumió Ruiz.

Pese al ahogo presupuestario, el equipo de INTA San Juan continúa adelante con sus proyectos y líneas de investigación. “Seguimos funcionando por la voluntad de las personas que trabajamos en la institución. Ponemos mucho de cada uno para que esto siga adelante”, remarcó Ruiz.

Sin embargo, el ajuste ya comenzó a impactar. A nivel nacional hubo bajas de personal por retiros voluntarios, jubilaciones y renuncias, y esas vacantes no pueden reponerse. En San Juan, todavía no se han registrado despidos, pero sí una reducción progresiva de recursos humanos. “Antes, cuando alguien se jubilaba, podíamos abrir un concurso para reemplazarlo. Ahora eso está congelado. Y cuando perdemos profesionales formados, es un daño irreparable”, advirtió.

Ruiz fue contundente al señalar que el mayor capital del INTA es su gente: “Tenemos técnicos, profesionales, personas que se han formado con posgrados, con años de experiencia en una tarea específica. Eso no se reemplaza fácilmente. Ya lo vivimos en los ‘90, cuando se vació toda una generación de profesionales, y todavía no lo pudimos recuperar”.

Actualmente, el funcionamiento del organismo está asegurado solo hasta octubre. La falta de fondos para mantenimiento de infraestructura y movilidad complica especialmente el trabajo territorial. “Tenemos vehículos muy envejecidos. Llegar a zonas rurales e inaccesibles forma parte esencial de nuestra tarea, y hoy eso es lo que más cuesta sostener”, explicó la bióloga.

A pesar del contexto, Ruiz reconoció que los convenios con municipios e instituciones privadas siguen en pie. “Tenemos un gran acompañamiento, pero a todos les pasa lo mismo: hay restricciones en todos los sectores del Estado”, aclaró.

El futuro de los becarios, en peligro

Uno de los temas que más preocupa al equipo es la continuidad del régimen de becas. “Los becarios son nuestra apuesta al futuro. Son quienes se están formando para continuar con la labor del INTA”, destacó Ruiz. Además, expresó: “Si nos sacan los becarios, realmente eso es muy triste. Porque ellos le dan energía, perspectiva y proyección a la institución”.

El panorama general es crítico. El INTA, al igual que otros organismos como el CONICET, el INTI y las universidades nacionales, espera definiciones presupuestarias clave para sobrevivir a este año. “Estamos en 2025 y seguimos con el presupuesto de 2023. Con la inflación que hay, eso queda completamente obsoleto”, concluyó.