El Instituto Patria convocó para este lunes a las 15 horas una reunión urgente, que finalmente se realizará en la sede del Partido Justicialista, con la participación de legisladores nacionales, partidos aliados, gremios y movimientos sociales. El objetivo: organizar una masiva movilización ante la inminente decisión de la Corte Suprema que podría confirmar la condena en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, dejándola al borde de la prisión y fuera del escenario electoral.

En las últimas horas, el entorno de la expresidenta recibió un fuerte respaldo de sectores sindicales, políticos y sociales, lo que revitalizó su centralidad dentro del espacio peronista. De hecho, algunos gremios ya evalúan convocar a un paro nacional en rechazo a la eventual sentencia.

Entre los sindicatos que manifestaron su intención de sumarse a la protesta se encuentran ATE Capital, la UOM y SMATA, afectados por despidos masivos en el sector público y privado, producto del ajuste estatal, la apertura de importaciones y el congelamiento de las paritarias. En ese sentido, el titular de la UOM, Abel Furlán, confirmó su adhesión al paro en una entrevista radial, señalando que se trata de un acto de repudio a la "proscripción y persecución política" contra Cristina Kirchner.

El posible fallo también generó un sismo político dentro del peronismo. Trascendió que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien había adoptado un perfil dialoguista con el gobierno de Javier Milei, enviaría representantes a la reunión en apoyo a la exmandataria, luego de que Nación recortara recursos a su provincia y al resto del país.

Según publicó el medio La Política Online, desde La Cámpora anticipan que la movilización será contundente y se concretará en el momento exacto en que se haga público el fallo. Algunos dirigentes incluso señalan al juez Ricardo Lorenzetti como el responsable de filtrar la sentencia a la prensa, en el marco de sus internas con otros miembros de la Corte.

En principio, se esperaba que el Tribunal Supremo emita su resolución este martes durante la tradicional reunión de acuerdo. Sin embargo, tras la filtración, se especula con que la confirmación de la condena podría conocerse en cualquier momento de esta semana.

De concretarse, la decisión judicial inhabilitaría a Cristina Kirchner a competir en las próximas elecciones. Su candidatura como legisladora por la Tercera Sección Electoral bonaerense ya estaba perfilada con fuerza, con encuestas que le daban más del 50% de intención de voto y una fuerte capacidad de arrastre para el peronismo en otras regiones.

Mientras tanto, dentro del propio oficialismo se debate el impacto político del fallo. Algunos sostienen que la condena podría ser funcional al Gobierno, mientras que otros advierten que la operación mediática que sostiene que a Milei no le conviene la proscripción de Cristina habría sido impulsada por el estratega presidencial Santiago Caputo. "Con Cristina en carrera, La Libertad Avanza no tiene chances", afirman desde el kirchnerismo.

El caso ya trascendió las fronteras nacionales. El Grupo de Puebla, conformado por expresidentes y referentes progresistas de la región, inició una campaña internacional en defensa de Cristina. Consideran que la causa judicial "está viciada por la parcialidad y la arbitrariedad del tribunal" y anunciaron que acompañarán a la expresidenta en un eventual reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el peronismo histórico recuerdan con preocupación un antecedente: durante el gobierno de Fernando de la Rúa, se forzó la detención de Carlos Menem como maniobra para contener el malestar social ante el ajuste económico y el aumento de la deuda. Aquella estrategia fracasó, y Menem, que contaba con menos respaldo popular que Cristina, terminó siendo liberado sin mayores consecuencias para su figura.