La polémica por el régimen de visitas a Cristina Fernández de Kirchner durante su prisión domiciliaria sumó un nuevo capítulo. Tras el rechazo del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) al pedido de su defensa para permitir visitas sin restricciones, el abogado Gregorio Dalbón impulsó una singular campaña: convocó a toda persona interesada (más allá del círculo familiar) a solicitar autorización formal para poder visitar a la exmandataria.

El llamado tuvo una fuerte repercusión. En pocos días, el tribunal recibió 702 correos electrónicos de ciudadanos que manifestaron su voluntad de visitar a Cristina. Sin embargo, la respuesta judicial fue categórica: la autorización de visitas fuera del grupo básico de familiares y abogados solo puede ser solicitada por la propia imputada.

“La autorización la tiene que pedir Cristina Fernández de Kirchner”, sentenciaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes además pusieron a disposición de su defensa todos los mails recibidos.

La reacción de Dalbón fue inmediata y no exenta de críticas: “El TOF 2, en vez de responder con humanidad, respondió con burocracia: ‘las visitas las tiene que pedir ella’. Ridículos. ¿También quieren que pida permiso para saludar por la ventana? ¿O que mande una carta certificada si quiere recibir a Lula? No es justicia. Es venganza con membrete judicial”, disparó el abogado a través de sus redes sociales.

La decisión original del Tribunal

El fallo que generó la controversia había sido dictado el lunes 23 de junio. Allí, los jueces respondieron a un escrito presentado por otro de los abogados de Cristina, Carlos Beraldi, quien solicitaba que se revocara la restricción vigente sobre las visitas. En su presentación, Beraldi argumentó que, por su condición de "persona con vida social", la expresidenta debía poder recibir sin limitaciones a quienes quisiera en su departamento del barrio Constitución.

Pero el tribunal fue tajante. Los magistrados señalaron que el planteo desconocía de manera explícita las pautas fijadas el pasado 17 de junio, cuando se le concedió la prisión domiciliaria. En esa resolución inicial, los jueces habían ordenado que en un plazo de 48 horas hábiles la expresidenta entregara un listado detallado de familiares, abogados, médicos y custodios habilitados para ingresar a su domicilio. Cualquier otra visita debía ser previamente solicitada y aprobada por el tribunal.

La defensa cumplió formalmente con ese requisito, entregando el listado en tiempo y forma y solicitando que el contenido se mantuviera en reserva. Sin embargo, insistió en la necesidad de flexibilizar el régimen de visitas. Según argumentó Beraldi, imponer restricciones adicionales vulnera derechos constitucionales que no se ven afectados por la condena, especialmente el derecho a la vida social y política.

La estrategia judicial de la defensa

Ante la negativa del TOF 2, los abogados de Cristina Kirchner ya interpusieron una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa sostiene que mantener un listado cerrado y exigir autorizaciones previas para cualquier otra visita no solo afecta su derecho a recibir personas en su domicilio, sino que también podría limitar su participación política.

“De confirmarse este criterio, se terminaría afectando sus derechos políticos y partidarios, al exigir autorización judicial previa para recibir a otros dirigentes”, advirtieron desde el equipo legal de la expresidenta.