El Gobierno nacional oficializó este miércoles una serie de cambios en organismos técnicos de alto valor estratégico para el país, entre ellos el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que tiene sede en San Juan y es un emblema científico para la provincia. Mediante el Decreto 396/2025, la gestión de Javier Milei resolvió fusionar el INPRES con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y disolver el Instituto Nacional del Agua (INA), en el marco del plan de desregulación y ajuste del Estado.

Según el texto oficial, la medida apunta a eliminar estructuras intermedias para “optimizar el gasto público” y lograr una mayor centralización de funciones técnicas bajo el Ministerio de Economía. El INPRES, fundado por ley en 1972 y pionero en investigación sísmica, pasará ahora a depender operativamente del SEGEMAR, que absorberá su personal, funciones y equipamiento.

La noticia genera especial sensibilidad en San Juan, provincia de gran actividad sísmica y que históricamente tuvo en el INPRES un referente técnico, científico y de prevención clave para la seguridad pública, la planificación urbana y la construcción sismoresistente. Desde su sede en el Gran San Juan, el organismo no solo monitorea la actividad telúrica de todo el país, sino que también colabora con normativa, realiza mapas de riesgo y asistencia técnica para gobiernos e instituciones.

La pérdida de autonomía

Aunque el decreto aclara que no se verán afectadas las funciones esenciales ni los cargos del personal, crece la inquietud en la comunidad científica por el riesgo de debilitamiento institucional.

En paralelo, el Instituto Nacional del Agua (INA) fue disuelto como entidad independiente y convertido en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. El INA se encargaba del estudio, capacitación y gestión integral de los recursos hídricos, un tema especialmente sensible ante la crisis climática.

Ambas decisiones forman parte del paquete de reformas impulsado por el presidente Milei, junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, con el objetivo declarado de reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia estatal. No obstante, los cambios ya levantan voces de alerta por su impacto sobre áreas altamente especializadas y críticas, particularmente en territorios como San Juan, donde la prevención sísmica es parte de la vida cotidiana.