La CGT local cree que no prosperará la restricción a las huelgas que impulsa Milei
Desde la central obrera sanjuanina dijeron que confían en la jurisprudencia, ya que hubo fallos desfavorables para el Gobierno en anteriores intentos de reglar las manifestaciones.
Un decreto del presidente Javier Milei que fue reglamentado a mitad de semana en el que se limita el derecho a huelga en diversos sectores, alarmó a los trabajadores y desde la CGT sanjuanina, expresaron que confían en la jurisprudencia y esperan que esta medida del Ejecutivo nacional sea desestimada por la Justicia.
Desde la central obrera local, su titular, Eduardo Cabello, se mostró en desacuerdo por la medida del gobierno libertario, pero al mismo tiempo se mostró confiado en que la Justicia no permitirá que se aplique.
“La verdad que esto es democracia. Y la democracia da estas cosas. El problema que en democracia también vos tenés gente que es autoritaria, dictatorial y que tiene estos pensamientos. Estamos ocupándonos, no estamos preocupados porque esto ya se vio en el primer decreto en el DNU (70/2023). A la primera que se le dio la razón fue a la CGT, que de tres votos en la Corte obtuvo dos. Entonces, esto es como un caso cerrado”, expresó Cabello.
El dirigente sindical aseguró que esto atenta contra la ley madre. “Un DNU no puede ir contra la Constitución Nacional, contra los derechos adquiridos, hay jurisprudencia, tenés todo por haber. Ahora vamos a hacer las mismas presentaciones en la Justicia”.
“No vamos a ser reaccionarios ante una persona que le gusta que uno le esté contestando para poder sentirse víctima. Estamos tranquilos, expectantes, por supuesto y respetuosamente vamos a hacer lo que tengamos que hacer con la ley”, sentenció el sindicalista de la central obrera.
Esta posición de Cabello va en la misma dirección que expresaron los sindicatos docentes, quienes ya mencionaron que este decreto presidencial es inconstitucional y expresaron que la educación no es un servicio esencial como lo calificó el gobierno nacional para poder ingresarlo en las prestaciones que se deben garantizar, limitando el derecho a huelga.