La Oficina Anticorrupción (OA) determinó que el presidente Javier Milei no violó la Ley de Ética de la Función Pública al promocionar desde su cuenta personal de la red social X (ex Twitter) el proyecto “Viva la Libertad Project” y el criptoactivo asociado $LIBRA. La resolución, firmada por Alejandro Melik, titular del organismo dependiente del Ministerio de Justicia, fue emitida el pasado 5 de junio tras una investigación administrativa que analizó el accionar del mandatario y otros funcionarios involucrados.

El foco estuvo puesto en esclarecer si la publicación realizada el 14 de febrero de 2025 constituyó un acto oficial o una expresión personal, y si implicó el uso de recursos públicos o una promoción indebida de intereses particulares. La causa también se tramita en paralelo en la Justicia Federal, bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Romilda Servini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

“Dado que no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA, cabe descartar la hipótesis de omisión de un deber de abstención del señor Presidente de la Nación”, expresa la resolución firmada por Melik.

La OA sostuvo que la publicación no estuvo vinculada a actos administrativos, no implicó asignación de recursos públicos ni acompañamiento institucional, por lo que se trató de una manifestación individual “que no ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas”.

¿Por qué se investigó?

La polémica comenzó el 14 de febrero, cuando Milei compartió en X un mensaje celebrando el lanzamiento del proyecto “Viva la Libertad Project”, enfocado en financiar pequeñas empresas argentinas mediante el uso de la criptomoneda $LIBRA. El posteo incluía enlaces al sitio web y al token alojado en la red Solana. Tras su difusión, el valor del criptoactivo se disparó abruptamente y luego cayó, generando sospechas de maniobras especulativas.

Denuncias judiciales presentadas por el exdiputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad impulsaron a la OA a iniciar una pesquisa para determinar si hubo faltas éticas por parte de funcionarios públicos.

Durante el proceso, la OA analizó fuentes abiertas, declaraciones juradas, registros de audiencias públicas y documentos aportados por distintos organismos estatales. También se examinó el vínculo entre los funcionarios y empresas ligadas al proyecto, como KIP Protocol, Kelsier Ventures y Tech Forum SRL.

De este modo, la Oficina Anticorrupción remarcó que el posteo de Milei fue emitido desde su cuenta personal y no constituyó un acto oficial. Además, invocó jurisprudencia comparada, incluyendo fallos de la Corte Suprema de EE. UU., que refuerzan la distinción entre publicaciones institucionales y personales de funcionarios.

“Las cuentas personales —aunque utilizadas por funcionarios públicos— se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión, siempre que no comprometan recursos del Estado ni impliquen anuncios oficiales”, precisó el informe.

También se verificó que desde la Secretaría de Comunicación y Medios no se gestiona ni genera contenido para la cuenta @JMilei, y que no existen antecedentes de convocatorias, contrataciones ni respaldo institucional al proyecto o al criptoactivo.