En una jornada de alta tensión política y social, la Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de ley que establece un incremento de emergencia del 7,2% en las jubilaciones y una suba del bono previsional hasta los $110.000. La iniciativa fue impulsada por Unión por la Patria y acompañada por bloques de la oposición dialoguista. El oficialismo, sin embargo, ya adelantó que el presidente Javier Milei vetará la norma, argumentando que afecta gravemente el equilibrio fiscal.

La sesión especial se extendió por más de ocho horas y estuvo marcada por fuertes cruces entre legisladores oficialistas y opositores. Mientras los impulsores del proyecto defendieron la urgencia del aumento ante la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, desde La Libertad Avanza y sus aliados sostuvieron que la medida compromete la estabilidad económica del país.

“El costo fiscal es insostenible y pone en riesgo todo el esfuerzo por ordenar las cuentas públicas”, afirmaron voceros del oficialismo, que votó en contra de la iniciativa.

Por el contrario, desde la oposición señalaron que la situación del sector pasivo es crítica y que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de dignidad. “Esto no es un lujo, es una respuesta urgente a una emergencia social”, argumentaron desde los bloques que acompañaron la ley.

La iniciativa contempla un aumento extraordinario del 7,2% para los haberes jubilatorios, que se sumaría a la fórmula actual de movilidad, y eleva el bono previsional mensual a $110.000 para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Fuera del recinto, la sesión coincidió con una serie de manifestaciones que rodearon el Congreso. Las protestas incluyeron reclamos por el conflicto salarial en el Hospital Garrahan, la marcha por los 10 años del movimiento Ni Una Menos, y la tradicional movilización de organizaciones de jubilados que exigen mejoras en los ingresos.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto ahora pasará al Senado, aunque el escenario está condicionado por el anuncio del Ejecutivo de vetar la medida en caso de que avance. El debate sobre cómo atender las necesidades del sector pasivo sin comprometer las metas fiscales sigue abierto, y promete mantenerse en el centro de la agenda política.