La diputada provincial Sonia Ferreyra elevó un pedido de informes al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con el objetivo de conocer el estado actual del loteo Valle del Sol, un programa habitacional lanzado en 2022 que involucra a más de 930 familias sanjuaninas.

La legisladora expresó su preocupación por la falta de información oficial desde que, en septiembre de 2024 y con el cambio de gestión provincial, los adjudicatarios comenzaron a recibir notificaciones de suspensión del pago de cuotas.

“Son más de 930 familias que en su momento fueron adjudicatarias de un lote. Pero tras el cambio de gobierno, se les informó que se suspendía el pago. Desde entonces, todo está en stand-by”, explicó Ferreyra.

Ferreyra advirtió que el objetivo del pedido es esclarecer el futuro de los beneficiarios, ya que no se sabe si conservarán su derecho al lote, si se les construirá una vivienda o si deberán esperar un nuevo sorteo:

“Buscamos una comunicación oficial de las autoridades competentes. Hasta ahora, todo lo que se sabe ha sido por los medios, pero no hay nada oficial”.

La legisladora sostuvo que el silencio institucional genera un profundo malestar y preocupación entre las familias afectadas, muchas de las cuales ya habían avanzado con trámites administrativos y contaban con el terreno como parte de su planificación familiar.

“Queremos llevar un poco de tranquilidad. Las familias no saben cuál es su futuro y no se les ha dado ninguna explicación formal”, añadió.

El loteo Valle del Sol fue anunciado como un programa destinado a facilitar el acceso a la tierra urbanizada, con infraestructura básica y cuotas accesibles. El lanzamiento generó una gran expectativa y más de 900 familias fueron seleccionadas como beneficiarias.

Sin embargo, desde septiembre de 2024, el programa quedó paralizado y los adjudicatarios dejaron de recibir notificaciones oficiales, salvo la suspensión del pago de cuotas, lo que alimentó rumores de cancelación o modificación del plan original.

La iniciativa de Ferreyra busca obligar al IPV a pronunciarse formalmente, aclarando si los lotes se respetarán, si habrá reubicaciones o si el proyecto será reemplazado por uno nuevo.

El pedido de informes ya fue presentado y se espera que el organismo provincial responda en los próximos días. Mientras tanto, las más de 930 familias adjudicatarias siguen esperando una respuesta concreta, en medio de la incertidumbre y con temor a perder un derecho que ya creían adquirido.

“Necesitamos que el Estado dé la cara y defina cuál será el destino de estas familias. No se puede seguir jugando con la ilusión de la gente”, cerró la diputada.